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Señalan a 10 ex funcionarios de Yucatán por quebranto al Isstey

Desvío de cuotas y aportaciones de trabajadores

Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de noviembre de 2019, p. 26

Mérida, Yuc., La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado presentó ayer una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) en contra de 10 ex funcionarios de los dos recientes gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos.

Los seis diputados que integran la bancada panista local señalaron que en las administraciones de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) y Rolando Zapata Bello (2012-2018) fueron desviados más de 2 mil 200 millones de pesos, lo que ha puesto en peligro de quiebra al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

Rosa Adriana Díaz Lizama, ex senadora y coordinadora de la bancada blanquiazul, precisó que los ex funcionarios denunciados son los ex directores del Isstey Víctor Sánchez Álvarez, Clemente Escalante Alcocer, Nerio Torres Arcila, Zacil Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara; así como Juan Ricalde Ramírez, ex secretario de Hacienda; Alfredo Dájer Abimerhi, ex secretario de Administración y Finanzas, y Fernando Fernández Vargas, ex director de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El diputado panista Manuel Díaz dijo que los servidores públicos encargados de la administración del Isstey lo llevaron a la quiebra, en perjuicio de los trabajadores al servicio del estado, sus familiares y dependientes económicos.

Los legisladores panistas aseguraron que los señalados desviaron las cuotas y las retenciones aplicadas a los trabajadores a fines distintos de los legales, en detrimento del patrimonio del Isstey.

Los diputados precisaron que el presunto jineteo de recursos asciende a 2 mil 223 millones 716 mil 873.58 pesos, y explicaron que ya se saldaron más de 2 mil millones, pero quedan pendientes 173 millones de pesos, que incluyen, entre otros conceptos, intereses moratorios por las cuotas no pagadas.