Madrid. Asociaciones y juristas reclamaron ayer cambios legislativos en España después de que cinco hombres que violaron a una menor fueron condenados por abuso sexual y no agresión sexual por considerar el juez que la víctima estaba inconsciente y los acusados no necesitaron usar violencia.

Según los jueces de la Audiencia de Barcelona, la víctima estaba inconsciente, por lo que los acusados pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación.

Los cinco hombres fueron condenados a penas de entre 10 y 12 años de prisión. Una condena por agresión sexual, el equivalente de violación, les habría acarreado sentencias de entre 15 y 20 años.

Otros dos acusados fueron absueltos por estos hechos, que tuvieron lugar en octubre de 2015 durante una fiesta en una fábrica abandonada de la ciudad de Manresa, situada al norte de Barcelona.

El problema no es la sentencia sino el código penal, dijo Montserrat Comas, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, a la radio Cadena Ser.

El código penal vigente en España estipula que se debe demostrar que hubo violencia o intimidación para que un acusado pueda ser condenado por agresión sexual.

Según Comas, habría que cambiar la legislación para que la violación quede definida como cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento, como es el caso en muchos países europeos.

Así lo establece además el Convenio de Estambul, un tratado internacional de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres que España ratificó en 2014, indicó la magistrada.

Los hechos son especialmente execrables porque se trata de una menor de 14 años, añadió Comas.

El caso ha sido relacionado con otro similar: la violación de una mujer en julio de 2016 en Pamplona durante las conocidas fiestas de San Fermín por un grupo que se hacia llamar La Manada.

En ese caso, cinco jóvenes fueron condenados el año pasado a nueve años de prisión por abuso sexual, una sentencia que desató una ola de protestas en todo el país.

Tras el primer veredicto en el caso de Pamplona, el gobierno socialista anunció planes para reformar el código penal, pero que de momento no se han concretado.

Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, escribió en Twitter que la sentencia en el caso de Manresa es una prueba más de la necesidad de cambiar los tipos penales contra la libertad sexual.