on el cambio de régimen, la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha cobrado una presencia inusitada en el espacio público nacional. Las autoridades responsables de su coordinación y gestión, así como la comunidad científica del país, hemos asumido esta oportunidad histórica para hacer patente la gran relevancia de la investigación y el quehacer científico para el desarrollo nacional, particularmente para el bienestar social y el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, así como para la recuperación de la ciencia de frontera y para promover una agenda de innovación abierta que fortalezca la industria nacional en ramos prioritarios para México que fortalezcan la soberanía de la nación. Somos testigos y actores de una nueva etapa posneoliberal en la política mexicana de desarrollo científico y tecnológico.
En el contexto de la 4T, nos corresponde consolidar una auténtica política de Estado en la materia: humanista, de largo plazo, social y ambientalmente comprometida. Es un cambio de paradigma que requiere una renovación conceptual, epistémica y cultural en la política y las prácticas del sector.
Una transformación tal supone también la reconfiguración institucional y jurídica del Sistema Nacional de CTI. Así lo estimaron los poderes de la República al impulsar la reforma constitucional de los artículos 3 y 73, fracción XXIX-F, que faculta al Congreso de la Unión para emitir la ley general de CTI, cuyos principios tendrán como horizonte la satisfacción efectiva del derecho humano a la ciencia de conformidad con los estándares internacionales.
El Conacyt, con la venia del Presidente, en el contexto de la reforma constitucional y en ejercicio de sus facultades, ha emprendido un proceso participativo para la elaboración del proyecto de ley, convocando a los diversos actores del Sistema, articulando propuestas y coordinando su formulación. Entre marzo y octubre de 2019 se han celebrado cerca de 70 foros y procesos de consulta, en diversos espacios de participación organizados, entre otros, por las Comisiones de CTI del Congreso, la Rednacecyt, el FCCyT, A.C., la Anuies y el propio Conacyt, en la Ciudad de México y en decenas de ciudades al interior de la República, donde han participado más de 22 mil miembros de la comunidad CTI.
En el Conacyt hemos identificado algunos puntos que habrían de retomarse en el proyecto: 1. La reivindicación del sentido humanista y ético del quehacer científico y tecnológico, fomentando a las humanidades, ciencias y tecnologías como propulsoras del bienestar social y cuidado de la naturaleza. 2. La definición de las bases de coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. 3. El rediseño de la gobernanza democrática del Sistema en congruencia con la rectoría del Estado en la materia. 4. El fortalecimiento del universo de instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, particularmente IPES, universidades autónomas y centros de investigación, así como la consolidación sectorial. 5. La generación de espacios transparentes de participación directa y consulta amplia de la comunidad CTI. 6. La articulación y operación eficiente del presupuesto público, su aumento sostenido, sin posibilidad de reducción, hasta de uno por ciento del PIB y no bajar de 0.5 por ciento, así como la gestión de aportaciones destacadas del sector privado, los estados y municipios. 7. La migración del esquema de fondos por aportante a uno por demandas específicas y prioritarias que permitan financiar proyectos estratégicos articulando capacidades eficientemente.
En este camino, el 9 de octubre desde la sede de la Academia Mexicana de Ciencias, en presencia del coordinador de Investigación Científica de la UNAM, tuve el agrado de invitar a la máxima casa de estudio para colaborar con el Conacyt en la conformación de una mesa de análisis integrada por abogados e investigadores que coadyuven con el Consejo en la formulación del proyecto.
Todas las opiniones serán bienvenidas. El pasado 29 de octubre en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior invitamos a todas las universidades nacionales autónomas, IES, CPI, organismos estatales de CTI, dependencias y entidades públicas, organizaciones de los sectores social y privado, para que realicen consultas amplias en sus comunidades, sistematicen y compartan sus propuestas institucionales con el Conacyt y participen en la deliberación de la ley general de CTI, pues es necesario abrir espacios de diálogo inclusivos, que expresen la pluralidad epistémica y las preocupaciones de las comunidades y de los investigadores y estudiantes, sin mediaciones innecesarias o interlocutores artificiales. Para ello, el Conacyt abrirá una plataforma que facilite la presentación y consolidación de propuestas.
En la construcción de una verdadera ciencia por México no caben los simulacros. El proyecto de ley será ampliamente consultado con las comunidades de CTI y la sociedad en general, de abajo hacia arriba y sin opacidades.
* Directora General del Conacyt
