La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México ocultó en su informe de la Cuenta Pública 2018 mil 514 carpetas de investigación, ya que reportó una cantidad inferior al que fue registrado en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).

En una auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) a la integración de carpetas, hay una diferencia entre las 253 mil 774 reportadas en el informe, contra 255 mil 288 que contiene el sistema estadístico que levantan los usuarios para dar seguimiento a su denuncia.

El SIAP registra el inicio de la carpeta de investigación y todas las actuaciones requeridas por el Ministerio Público a los peritos y a la Policía de Investigación (PDI).

Aunado a que no se contó con las relaciones de carpetas de investigación correctamente registradas, la (ASCM) reportó que se observó falta de metodología relacionada con actividades preventivas de control que permitieran identificar con oportunidad desviaciones en los procesos operativos para la integración de dichas carpetas.

En cuanto a la eficiencia y eficacia en la integración de las carpetas, se revisó una muestra de 383, en las que se vincularon 916 actos de investigación, con promedio de 2.4 por cada una, mientras en 249 casos se observaron peritajes en diversas materias como química, valuación, fotografía, video, balística, entre otros, según la naturaleza del delito y las necesidades de cada caso.

Además, fueron verificadas las acciones realizadas por la visitaduría ministerial, la cual reportó 73 mil 585 revisiones de expedientes, y si bien sus informes tienden a mejorar la forma en la que se integran las carpetas, se observaron diligencias que no se efectuaron de forma oportuna, lo que generó deficiencias en la investigación.

En la comprobación de la competencia profesional de los servidores públicos vinculados con la integración de carpetas de investigación, la ASCM revisó una muestra de 181 expedientes entre un universo de 345 servidores públicos que ingresaron a laborar en 2018, de los cuales 108 son de la PDI, 40 peritos, 21 oficiales secretarios, cuatro Ministerios Públicos supervisores, cuatro Ministerios Públicos e igual número de orientadores jurídicos.

Si bien la dependencia tuvo un diagnóstico de necesidades para elaborar su programa anual de capacitación, se hallaron deficiencias en los mecanismos de supervisión para verificar su cumplimiento.

Otra de las anomalías detectadas en la revisión fue la falta de metodología, procedimientos y controles, así como en el diseño de indicadores de desempeño relacionados con la integración de carpetas, pues si bien la PGJ presentó una guía, no incluía los elementos requeridos según el procedimiento que emitió el Consejo Nacional de Armonización, como tener una ficha que contenga, mínimo, el nombre del indicador, su definición, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida y metas.

Esto, advierte el informe, no permite valorar objetivamente el desempeño de las actividades a su cargo del personal de la PGJ.