El presupuesto entregado cada año a las instituciones públicas de educación superior no podrá ser menor a uno por ciento del producto interno bruto (actualmente es de 0.54 por ciento), ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior, señala el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior (LGES).

Por primera vez, se presenta en la propuesta la obligación de un financiamiento plurianual para la infraestructura escolar, la definición de un modelo de asignación de recursos y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en el financiamiento de estas instituciones, además de un fondo especial para la obligatoriedad de la educación superior.

Elaborado por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), se prevé entregar la iniciativa de ley en febrero de 2020.

El documento con 10 apartados señala que se creará un sistema nacional de evaluación de la educación superior, pero que éste será conforme a las propias características de los subsistemas, respetando la autonomía universitaria, característica que es identificada como uno de los grandes principios que regirán dicha legislación.

Con el texto, se pretende establecer las bases para una política de financiamiento de la educación superior con una visión de Estado. Este nivel educativo –señala– es un derecho humano y un bien público social, garantizado por el Estado; que será universal, inclusivo, público, gratuito y laico, y que la obligatoriedad en su impartición –que será de manera gradual– corresponde al Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno.

Una parte importante del anteproyecto proviene de aportaciones que la propia Anuies ha venido trabajando desde hace tres años con expertos, sus universidades e instituciones asociadas, y otra, también valiosa, de las presentadas en el último año, mediante las consultas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Educación (PSE), de los foros regionales SEP-Anuies, y de las surgidas en el parlamente abierto.

El anteproyecto prevé la renovación de diversas instancias, procesos e instrumentos educativos. Por ejemplo, se conforma el consejo nacional de autoridades de educación superior; se establecen instancias colegiadas de participación, tales como consejos locales y nacional de participación y vinculación de la educación superior.

Además, se establece un programa especial para el desarrollo de los estudios superiores, con propósitos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas. Entre noviembre y parte de diciembre se prevé abrir una consulta nacional a la LGES; en el último mes se busca analizar e integrar las propuestas recibidas; en enero, elaborar la iniciativa de ley, para ser entregada al Legislativo en el transcurso de febrero de 2020.