Personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Tamaulipas incurrieron en violaciones graves a derechos humanos en agravio de 196 migrantes extranjeros cuyos cuerpos fueron hallados entre abril y mayo de 2011 en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aunado a ello, también se vulneraron los derechos de las familias de 57 mexicanos desaparecidos, quienes tras enterarse del hallazgo de esas fosas, solicitaron saber si ahí estaban los restos de sus familiares.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) debe disculparse públicamente por omisiones cometidas tras hallar dichas fosas, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas; tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y otros afectados indirectos de los 196 migrantes localizados en esos espacios clandestinos; brindarles atención sicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 mexicanos que continúan desaparecidas.

Así lo asentó el organismo nacional en su recomendación por violaciones graves 23VG/2019, dirigida al titular de la FGR, Alejandro Gertz, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La CNDH documentó que personal de la extinta PGR –hoy Fiscalía General de la República– y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas cometieron graves violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de los 196 migrantes y de los 57 mexicanos desaparecidos. Tras concluir su investigación, el organismo encontró responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del fuero común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos.

En la recomendación, se hace una serie de señalamientos por las dificultades que la CNDH enfrentó para acceder a la información de la averiguación previa abierta por la PGR, donde se le pusieron varios obstáculos para poder recabar la información necesaria, pues sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos.

La CNDH pide además a la FGR que a los familiares de esas 196 víctimas se les reconozca el carácter de víctimas al interior de la averiguación previa y se les garantice participar activamente en las investigaciones, para lo cual se deberá resguardar su integridad.