Santiago. El gobierno chileno denunció ayer el golpe que está causando a su imagen internacional el alzamiento social disparado hace siete días en la capital y que se extendió a todo el país, sin atisbo de detenerse, y solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el envío de observadores que constaten la situación de los derechos humanos, tras evidencias de que las fuerzas policiales y militares están cometiendo abusos sistemáticos.

El canciller Teodoro Ribera indicó que el presidente Sebastián Piñera se comunicaría directamente con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar la presencia de verificadores. Ribera negó que corran riesgo la realización, en Santiago, de dos grandes reuniones internacionales (APEC y COP25) previstas para noviembre y diciembre. Seguimos adelante con la planeación de las cumbres, pero lógicamente adecuándonos a las circunstancias, comentó.

Bachelet contestó en Twitter: “Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile. Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights”.

A casi una semana de que comenzaron las protestas, el saldo es de 18 muertos, 376 heridos (173 por disparos) y 2 mil 128 detenidos.

El pedido se realizó luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la presentación de querellas criminales por la muerte de cinco personas a manos de militares y de carabineros por impacto de bala, golpizas masivas y atropello con vehículo militar ocurridas en las ciudades de La Serena, Santiago, Coquimbo, Talcahuano y Curicó.

El director del INDH, Sergio Micco, encabezó una inspección a comisarías y hospitales para constatar el estado de los detenidos y heridos. El INDH ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en furgones, con mala ventilación y hacinadas durante horas.

Los ministros de Defensa y de Justicia, Alberto Espina y Hernán Larraín, respectivamente, en conferencia de prensa defendieron irrestrictamente y justificaron las actuaciones de los uniformados.

Pero hay testimonios impactantes de las vejaciones que han sufrido jóvenes en las comisarías. Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, explicó que se han presentado 37 querellas y nueve recursos de amparo. Además de las cinco por homicidios, hay ocho por violencia sexual y 24 por apremios ilegítimos o torturas.

Hemos conocido también cinco casos de desnudamientos a mujeres y uno perpetrado contra un niño que se encontraba detenido junto con su tío. Tomamos conocimiento de casos de mujeres víctimas de amenazas de violación, una de militares, y otra de carabineros, que incluso les hicieron tocamientos, agregó.

Sin visos de solución

El conflicto social detonado en Chile continúa activo y en lo inmediato no se visualiza una salida, en parte porque la movilización no tiene rostros que la lideren, por lo tanto el gobierno no tiene interlocutores. Las multitudinarias marchas transcurren sin discursos, sólo consignas, cánticos y manifestaciones de diversidad cultural y social, expresiones de alegría y también de la ira que ha estallado. No hay banderas de partidos políticos, pero sí de los clubes de futbol o de colectivos sociales alternativos.

La clase política, desacreditada y despreciada por la ciudadanía, es vista como el símbolo viviente de la corrupción y de los privilegios, ejemplificados por los cerca de 12 mil dólares mensuales que se embolsan diputados y senadores, más una suma similar para gastos operativos, en un país donde 80 por ciento de la población tiene ingresos mensuales inferiores a 800 dólares y donde el uno por ciento más rico se apropia de la mitad del PIB. Hay parlamentarios que ejercen desde 1990 y buscan continuar; además, en sus regiones controlan a alcaldes, concejales y jefes de servicios, configurando redes de clientelismo electoral y de negocios.

Cualquier parlamentario o dirigente político que pretendiera, por ejemplo, marchar junto a los manifestantes, de ser reconocido, arriesga ser repudiado y expulsado.

Daniel Mansuy, director del centro de estudios Signos, de la conservadora Universidad de los Andes, comentó que es evidente la desconexión que la gente siente de la élite que toma decisiones. “Esa es la parte fundamental del problema: hay una clase dirigente –y esto no toca sólo a la clase política– que vive en otro país, en otra realidad, y que no tiene la más mínima empatía ni ganas de comprender que para la gente 30 pesos (0.04 centavos de dólar, equivalente al alza en el transporte que originó la protesta) es mucho dinero, que Santiago es muy caro y cuesta mucho moverse, que no hay pensiones dignas, que la salud es mala o es cara. A la élite, como vive en una situación muy cómoda, esa realidad le cuesta mucho verla”, sostuvo en entrevista.

Una encuesta de la consultora Activa Research efectuada entre el martes y el miércoles a 2 mil 90 personas, muestra que 83.6 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con las manifestaciones de los últimos días; que 84 por ciento comparte totalmente las motivaciones (sueldos de los trabajadores, precios de los servicios básicos, pensiones y desigualdad económica, según identifican). Además, 50.3 por ciento cree que las manifestaciones son mayoritariamente pacíficas y 46.2 por ciento que son más actos delictivos y vandálicos. Rechaza la violencia 72 por ciento.

El gobierno, en un intento de dar señales de normalización, ha comenzado a reducir las horas del toque de queda, de acuerdo con la situación de las ciudades donde se aplica.

Para este viernes, cuando se cumpla una semana de las protestas, se está convocando por redes –sin dirigentes– a una manifestación en el centro de Santiago con la consigna: la marcha más grande de Chile, que pretende reunir a más de un millón de personas.