Tras el banderazo de inicio a las trabajos de construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que de haber incumplimiento de alguna o varias de las condicionantes de impacto ambiental, podrían, nuevamente interponerse recursos legales, que frenarían, una vez más, uno de los megaproyectos principales del gobierno federal.

En entrevista, Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda, comentó que el resolutivo de impacto ambiental determinó que para construir el aeropuerto se deben cumplir varios requisitos y ordenó la realización de diver-sos programas de los que no existe certeza de su ejecución.

Pide que tengan la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y no hay certeza de que se tenga algo como eso. También se requiere el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Necesitan las autorizaciones desde el punto de vista aeronáutico y hay comunidades de los municipios aledaños que dicen que no se hizo una consulta conforme a ley, esto es de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

Alanís añadió que el resolutivo de impacto ambiental impuso contar con un programa de monitoreo anual de aves que tiene que ser aprobado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, y no sabemos si lo presentaron y se aprobó. Otro requisito es el uso sustentable del agua, y, además, de manera inexplicable la Semarnat autorizó la construcción de una granja de combustibles, pero eso no le toca a la DGIRA, sino a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”.

Se detectó que no hay suficiente agua en la zona para un proyecto de ese tipo, y se propuso la construcción de un acueducto, pero no se ha sometido al procedimiento de impacto ambiental.

En tanto la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aseguró que la adquisición de los terrenos para la nueva terminal aérea se realizó garantizando siempre un trato digno, justo y honesto a los propietarios y que éstos fueron comprados por el gobierno sin intermediarios, con el pago total al momento de la firma del contrato ante notario.

Mediante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se asesoró a los ejidatarios y subrayó que la mayoría de los terrenos adquiridos son áreas de amortiguamiento del aeropuerto.

Especificó que todos los pagos fueron determinados por avalúos del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales. Acotó que el Programa Territorial Operativo se realiza en coordinación con los gobiernos del estado de México e Hidalgo y de los municipios involucrados de Jaltenco, Nextlapan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Zumpango y Tizayuca.