ntes de que se satanice, critique o condene lo propuesto ayer en la sesión semanal del Grupo Aca por el investigador Jean Rivelois, de la Universidad Sorbona Nueva –también conocida como París 3–, respecto de que el gobierno de México debe pactar con los grupos criminales para lograr la pacificación del país, es preciso hacer unas cuantas precisiones a partir de un análisis cuidadoso del planteamiento: Lo que el académico francés sugiere tiene límites precisos, pues se refiere en específico a los cárteles del narco, no a cualquier organización criminal, como las que se dedican a la trata de personas, al secuestro, a la extorsión o al robo.

Y las fronteras de su propuesta colindan con las del escenario que percibe, en apariencia, muy desde lejos y de manera difusa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por ello no logra aún sintetizar en un planteamiento específico: la idea de que la solución a la inseguridad en México no consiste en oponer violencia institucional a la criminal, pues está probado que esa vía implica un enorme costo en vidas, muchas de ellas sin relación directa con el conflicto, pues “la guerra contra los narcos es dura, deja muchos muertos y también hay inocentes que caen cada día por esa guerra”, según sus palabras textuales.

Y, lo peor: todo ese costo no es útil para hacer retroceder el consumo de drogas ilegales y otros fenómenos asociados. En cambio, agregó, “sociológicamente, los narcos no son los malos; son empresarios salvajes y ultraliberales; su norma es la ley del más fuerte en el mercado, y de sus actividades ilícitas sacan ganancia los trabajadores, familias y comunidades, lo cual significa una utilidad social”.

Si el gobierno federal mexicano logra ser capaz de reconocer este hecho, ya habrá recorrido la mitad del camino para resolver una parte del enorme problema de violencia y criminalidad que agobia a su sociedad.

La otra mitad del camino implicaría, entonces, despenalizar las drogas. Pero no sólo eso, sino hacerlo de tal manera que los grupos que hoy tienen el negocio en sus manos sigan siendo partícipes de él, si bien en estricto apego a las nuevas leyes en la materia y con la estricta vigilancia gubernamental.

La propuesta está en la mesa y tiene coincidencias con el enfoque del nuevo gobierno respecto al problema del narco. Como dicen los cronistas deportivos: el balón está –y, de hecho, siempre ha estado– en la cancha del Estado.