Ocosingo, Chis., El Estado mexicano, en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, golpeadas y violadas en 1994 por miembros del Ejército, así como a la madre de las tres indígenas, Delia Pérez, que fue obligada a presenciar la agresión.

En el acto, que encabezó Sánchez Cordero en la plaza central de Ocosingo, las tres tzeltales originarias del municipio de Altamirano, aceptaron las disculpas, aunque expresaron su inconformidad porque no hubo representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables directos del agravio.

Ana, Beatriz, Celia González Pé­rez, a nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente, expresó Sánchez Cordero a las hermanas.

Luego se refirió a su madre: Señora Delia Pérez, le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez y su madre fueron detenidas ilegalmente por miembros del Ejército en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, de Altamirano.

“Durante dos horas –agregó–, estuvieron ilegalmente privadas de su libertad y las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas por elementos del Ejército. Una de ellas era menor de edad”.

El agravio fue denunciado ante la (entonces) Procuraduría General de la República, pero no prosperó la investigación, y en enero de 1996 ellas acudieron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2001 declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Con esta disculpa pública, abundó Encinas, el Estado mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la CIDH de realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de aplicar las sanciones legales correspondientes a los culpables.