La madrugada de ayer, en el proceso aprobatorio de la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados, el debate fue utilizado por el Partido Acción Nacional (PAN) con objeto de emprenderla contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador –con la tibieza de la presidenta Laura Rojas–: La cobardía de un presidente que dijo que cambiaría las cosas, está más que demostrada: si no puede, renuncie, masculló con voz aguda desde tribuna la panista Adriana Dávila.

Al momento procedimental de posicionar en torno a la miscelánea, los partidos estaban obligados a apegarse al tema, pero la mayoría de los panistas se encaramaron en torno al micrófono y, previamente organizados, resguardaron a Adriana Dávila, quien no estaba contemplada para hacer uso de la palabra. Su compañero Rigoberto Mares se hizo a un costado para que Dávila responsabilizara al gobierno de los sucesos del jueves pasado en Sinaloa, sin asomo de autocrítica, porque fue Felipe Calderón quien sembró sobre el terreno de la guerra al narcotráfico.

Del lado de Morena, la reacción fue tardía. Mario Delgado optó por el extrañamiento –sin atribución alguna– a la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, quien reaccionó con el mismo tono y no le permitió el extrañamieto al morenista.

Actualización impositiva

Además, una vez que fue aprobada una adición que obligaría a las trasnacionales cerveceras y tabacaleras a pagar dos pesos más al fisco, Gerardo Fernández Noroña, subió a tribuna para evitar que ese cambio se concretara, y lo logró tras argumentar que el gobierno había prometido que no se aplicarían nuevos impuestos. El caso es que no se trataba de un nuevo impuesto, sino de una actualización a la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en esos productos.

A la medianoche del jueves, la estrategia panista de quien pega primero pega más fuerte, funcionó cuando Adriana Dávila ocupó el sitial a su compañero Rigoberto Mares: “El presidente López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, acaban de confirmar que ante la inferioridad numérica de los elementos de seguridad en Culiacán se dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán. El 14 de julio de 2015 exigió la renuncia del gabinete de Seguridad, exigimos en este momento...”

¡Diputada, diputada! –pretendía interrumpir Laura Rojas, pero la agudizada voz de su compañera de bancada, Dávila se le impuso: “Exigimos la renuncia del gabinete de Seguridad, no podemos permitir la rendición del Estado mexicano al narcotráfico; es una vergüenza para ustedes permitirlo, es una vergüenza para Morena permitir lo que está sucediendo, dejen de culpar al pasado. No se puede defender lo indefendible. El riesgo en que está este país, sus hijos, los hijos de ustedes, los nuestros, los de familias, miles de familias…”

Laura Rojas no logró detener el vendaval panista, y del lado de Morena le sobrevino otro, del diputado morenista Delgado, quien soltó: Un extrañamiento muy respetuoso a usted por su tardía reacción ante la provocación del PAN. Quienes están ahí arriba, parecen desmemoriados, porque el que empezó el baño de sangre fue el presidente Calderón. ¿De qué tamaño es su mezquindad política? Allá ustedes si se quedan en la mezquindad política.

La presidenta replicó: No admito el extrañamiento porque se hizo muchas veces el llamado al apego al tema al grupo parlamentario del PAN, y con mucho gusto lo podemos revisar en el audio y en el video para que quede constancia.

También, en otro momento de la maratónica sesión, Carol Altamirano, de Morena, presentó una adición al artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta con objeto de que los estados y municipios reciban 100 por ciento de ese gravamen causado por la enajenación de bienes inmuebles por parte de personas físicas, en vez de 5 por ciento que han recibido hasta ahora. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Promesa de campaña

El hecho que provocó extrañeza fue el sentido de la votación de la propuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, para actualizar el pago de IEPS por el consumo de tabaco y cerveza, en un promedio de dos pesos, con objeto de dotar al gasto federal de un rango de 35 mil a 45 mil millones de pesos. Quien emprendió el rechazo a esa medida fue Gerardo Fernández Noroña, el cual expuso que fue promesa de campaña no implementar nuevas tasas impositivas.