Aunque la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar la detención de Ovidio Guzmán fue atinada para no exponer más a la población civil, las medidas de protección de los ciudadanos debieron haberse tomado desde antes, mediante una planeación adecuada del operativo militar realizado el jueves en Culiacán, señalaron organizaciones civiles.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que frenar el operativo de detención del supuesto delincuente fue lo más indicado, pero subrayó que el punto principal es el nivel de descomposición institucional que llevó al empoderamiento de los grupos de delincuencia organizada.

“No estamos de acuerdo en que existe un ‘Estado fallido’. El asunto aquí es cómo a través de una política deliberada para beneficiar a los grupos que concentran poder económico se ha llevado a México a vivir en un narcoestado policiaco y militar”, consideró el activista.

Por su parte, la organización civil Reinserta –especializada en temas penitenciarios– calificó de inconcebible que los grupos delincuenciales que el jueves atacaron la capital de Sinaloa incluso hayan podido liberar a decenas de presos de la cárcel de Aguaruto, en un acto que dejó un custodio muerto y vulneró la seguridad de los centros penitenciarios.

Sobre el mismo tema, la asociación Save The Children hizo un llamado a activar los mecanismos de protección y atención inmediata a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en zonas de conflicto, pues dicha población fue la más expuesta ante los tiroteos y otros actos de violencia ocurridos anteayer en Culiacán.

De su lado, Lisa Sánchez, directora general del colectivo México Unido contra la Delincuencia, afirmó que el intento de aprehender al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se trató de un episodio desafortunado, con un operativo fallido que forma parte de la misma estrategia inaugurada hace dos sexenios que no resolvió la violencia, sino que la empeoró.

Luego de manifestar su preocupación por el mensaje de violencia e impunidad que manda lo ocurrido el jueves en Sinaloa, la activista señaló que aunque la salvaguarda de la vida de los civiles es lo principal, dicho aspecto debió haberse cuidado desde antes de mandar al Ejército a detener a Guzmán sin un plan adecuado.

Lo que el Presidente no ha explicado es por qué salió con un operativo de estas características y no se previeron las reacciones que iba a generar. Es un atentado contra la vida de los sinaloenses el haberlo llevado a cabo en estas condiciones y eso lo tiene que explicar. La protección de la vida de la gente debió anteponerse desde antes de ejecutar esta acción, no después, indicó.