on su negativa para elevar la edad de jubilación, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma estar del lado correcto para enfrentar nuestro desafío pensionario. Pero la tarea no será sencilla.

En la conferencia mañanera del 28 de agosto, acompañándolo, se encontraba uno de los más notorios conflictos de interés de la Cuarta Transformación: Carlos Noriega, de larga trayectoria neoliberal desde el zedillismo y designado –por Urzúa– responsable de la Unidad de Seguros/Pensiones/Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-4T. Así pasó de representar Afores (durante el peñismo), a regularlas: a ser autoridad. Su vieja agenda pretende fundirse con la 4T, pendiendo sobre el futuro inmediato de pensiones federales/estatales y universitarias, esquivando el fondo del asunto al seguir aferrado a la capitalización individual. El problema es que, sólo con la capitalización individual, resulta imposible pagar pensiones dignas.

Quizá por esa discordancia estructural, quedó tan corto el decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) que, defendido por la morenista Dolores Padierna e impulsado por Abraham Vela Dib (Consar) ya avaló –con modificaciones menores– el Senado y pronto será promulgado. Tan es así que incluyó en el octavo transitorio (sic) la integración –por el Poder Ejecutivo vía la SHCP– de un Grupo de Trabajo para el diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones en el país.

Este grupo de trabajo debió haberse convocado antes de introducir cualesquier iniciativa de reforma al SAR. Especialmente si se trata de impulsar el mandato del cambio 4T, en calidad de instancia para formular una evaluación seria, profunda y desinteresada producto del examen plural al SAR. Sólo entonces, después de esta evaluación, procedería alguna iniciativa para diseñar y discutir –en otro espacio– cualesquier reforma.

¿Qué explica la alteración del orden lógico-técnico-político donde una iniciativa de reforma incorporó –desde su primera versión– como transitorio (sic) aquello que debió haber sido el punto de partida? Sencillo: una pobre negociación parlamentaria que introdujo por la puerta trasera el continuismo neoliberal. Así, ese transitorio, como caramelo, pretende que un grupo de trabajo dirigido desde la Secretaría de Hacienda, proponga una reforma de algo que aún no se ha evaluado.

Es claro que semejante grupo de trabajo (como las dos comisiones asesoras presidenciales chilenas o el Diálogo Nacional uruguayo) debiera llevar a cabo su diagnóstico haciendo primero un corte de caja de evaluación a 22 años del SAR, estableciendo exclusivamente el estado de la política pública. Posteriormente, ya con ese saldo disponible, podría abrirse –sólo entonces– un debate nacional sobre el sentido de cualesquier reforma pensionaria, independiente de ese grupo de trabajo.

Si de lo que se trata es de alcanzar una propuesta de reforma que realmente llegue al fondo del problema, el diagnóstico que la anteceda debiera ser imparcial y desinteresado. No puede, como sugiere ese transitorio, servir como escenario para justificar, de nueva cuenta, una sola visión apegada a un guion que vela exclusivamente por los intereses de una de las partes, el cual, además, ya mostró sobradamente sus límites, agotamiento e ineficacia.

Caso contrario, si el grupo de trabajo fuera conformado por estudiosos plurales del asunto, ellos sentarían las recomendaciones derivadas de su evaluación para que, posteriormente, sobre bases sólidas, el Poder Ejecutivo convocara a debate nacional entre todos los intereses, garantizando así resultados viables y no polarizados como mostraron los ejercicios de las comisiones chilena y uruguaya.

El orden lógico-técnico-político del decreto Padierna-Vela Dib procede exactamente en sentido inverso: ignora las tareas evaluatorias e impone el contenido de la labor del grupo de trabajo en su propio enunciado: diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones en el país. Semejante grupo, desde la SHCP, no evaluaría: impondría el sentido de su reforma previamente diagnosticada. Con la conformación de semejante grupo de trabajo, en las interesadas manos de Carlos Noriega (véase El Economista, 9/10/19), se incumple el mandato de cambio de 2018 ratificado por el presidente López Obrador: buscar una reforma sin ocurrencias y salidas simplonas (mañanera del 28/8/19), con otras formas que no afecten y dignifique el esfuerzo de los trabajadores (mañanera del 10/10/19).

¿Qué hacer? Constituir, primero, el grupo de trabajo plural como asesor de la Presidencia de la República, garantizándole labor evaluatoria, sin intervención normativa de la SHCP y a quién entregaría sus recomendaciones. Después abrir el debate nacional sobre el sentido de cualesquier reforma que conduzca a una iniciativa del titular del Ejecutivo que operaría como su garante.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco