Al posicionarse en el Pleno del Senado, legisladores de distintos partidos coincidieron en que de estar vigente la reforma constitucional sobre revocación de mandato y consulta popular impulsada por Morena, el proceso llevado a cabo en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, no hubiera podido realizarse.

Ante la llamada ley Bonilla –aún no publicada–, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido evasivo, criticó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños, quien sostuvo que el mandatario debió pronunciarse en contra. En tanto, su homólogo Ciro Murayama rechazó que la convocatoria para participar en el pasado proceso electoral de Baja California se haya emitido para cinco años.

En medio de la polémica desatada por la consulta del fin de semana en la entidad, los senadores avalaron la minuta enviada desde San Lázaro en la que se establece que en el caso de consultas populares regionales o locales de trascendencia, éstas deben ser convocadas por al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, aprobada por la mayoría del Congreso estatal y aplicada por el INE.

Con ello se prohíbe expresamente hacer sondeos públicos para prolongar el tiempo de mandato. Si hubiera estado vigente esta ley no hubiera existido la atrocidad de Baja California, indicó el panista Damián Zepeda. En el debate, el morenista Germán Martínez cuestionó a los blanquiazules: “¿por qué les extraña que Morena cumpla su palabra? Les extraña que Andrés Manuel López Obrador quiera cumplir la palabra. No hay relección, no hay ampliación de mandato, no hay ley Bonilla y no hay consulta popular a modo”. La disputa continuó de manera similar entre la panista Guadalupe Murguía y el morenista Eduardo Ramírez.

Samuel García (MC) señaló que la consulta y la revocación de mandato es una figura que llegó para quedarse; dijo que su generación “no va a tolerar Duartes ni Broncos; cuando veamos gobernantes corruptos, ineptos, ineficientes, ladinos, tramposos o creativos, como Bonilla, los vamos a quitar”.

El tema llegó al INE, donde Murayama público vía redes sociales el documento en el que se puede leer que Bonilla contendía para dos años de gobierno, no de cinco, como ha declarado el gobernador electo. Marco Antonio Baños recordó que el Ejecutivo federal ha dicho que no dará paso a ningún fraude electoral, luego de señalar que la aprobación de la ley Bonilla es claramente un fraude, pues la población voto por un gobernador de dos años