Chilpancingo, Gro., Durante los trabajos de su 24 aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunció que enfrenta la criminalización de las autoridades federales y estatales por el sistema de seguridad y justicia que han instaurado.

En un comunicado los coordinadores de la CRAC-PC se pronunciaron contra el acoso que sufre la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de Los Libres, y San Luis Acatlán por parte de jueces federales, que les ordenan dejar en libertad a los detenidos, por amparos que interponen.

Señalaron que El Paraíso ha sido multado con más de 190 mil pesos y enfrenta acciones penales por desacato de una orden judicial; además corre el riesgo de que las fuerzas de seguridad del estado realicen operativos para liberar a personas que enfrentan procesos por delitos graves.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó al gobierno federal y estatal a “que cese la criminalización contra las casas de justicia de la CRAC-PC”. Recordó que desde el inicio de la policía comunitaria las autoridades estatales y federales se han empeñado en hostigar, incriminar y encarcelar a las y los indígenas que pertenecen al sistema de justicia de los pueblos de la Montaña y Costa Chica.

Hace unos años las autoridades judiciales dieron ultimátum a la policía comunitaria: si portan armas y retienen a una persona, los vamos encarcelar; sin embargo, los coordinadores realizaron asambleas donde las comunidades decidieron seguir dando seguridad ante la ausencia del estado.

Se organizaron y hubo una marcha de más de 5 mil personas para desafiar al gobierno, pues el mismo estaba lejos de dar seguridad y hacer justicia. La resistencia nos la heredaron abuelos y abuelas. Las comunidades tienen memoria histórica, no fue una ocurrencia crear un sistema de justicia desde las comunidades, pues desde antes de la configuración de México como un país ya existían los sistemas comunitarios.

La coordinadora aseguró que la criminalización que hoy sufren es consecuencia de una ley que creó el gobierno de Héctor Astudillo Flores que desconoce las facultades que la CRAC-PC tiene para procurar, administrar e impartir justicia.

Los pueblos pidieron a las autoridades judiciales y a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que “no vengan a generar conflictos donde estamos en paz. Desde aquí les decimos; ‘no le piquen al avispero’. Hoy tenemos que mirar el futuro de la CRAC-PC para la transformación social, porque el gobierno del estado quiere un futuro sin la CRAC-PC. Los pueblos han defendido luchando en las calles, encarando a las autoridades y no de rodillas”.