l aumento en la intensidad de las protestas masivas contra el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenín Moreno –formalmente desencadenadas el 3 de octubre, pero cuyo inicio bien podría establecerse en marzo pasado, cuando Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) uno de los típicos acuerdos con que este organismo condiciona las políticas gubernamentales– parece haber llegado a un punto donde la negociación se esfuma como alternativa. Hoy, apenas tres días después de dados a conocer, suenan como una mala broma el video donde el cuestionado mandatario afirmaba que sin duda esto (el conflicto) se va a solucionar muy pronto, y el tuit en el que aseguraba recibí el reporte de que las marchas se desarrollaban con normalidad, publicado en la misma fecha.

Una suma de hechos contribuyen al agravamiento de la crisis; pero el determinante corrió por cuenta del ministro de Defensa de la administración de gobierno, Oswaldo Jarrín, quien con la proverbial falta de tino de los militares sudamericanos manifestó que las Fuerzas Armadas de ese país están listas paraemplear armas letales con la finalidad de resguardar las instalaciones estratégicas de las manifestaciones populares. Y para respal-dar sus palabras con una advertencia, que se-guramente juzga concluyente, agregó: no ol-viden que nuestra fuerza armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra.

A las amenazantes expresiones del ministro le siguió una disposición drástica: la instauración del toque de queda en la capital y alrededores. Un nuevo tuit del presidente, bastante menos político que el del día 9, informó de la medida a la ciudadanía: he dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15 horas. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. En la práctica se trata de oponer, a la legítima inconformidad de los ecuatorianos con las modificaciones laborales y fiscales –paquetazo económico y aumento al precio de los combustibles incluido–, el socorrido y obtuso argumento de la fuerza.

Parecía difícil en el actual escenario una recuperación de las expectativas que habían surgido, antier mismo, a raíz del comunicado emitido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) –que se ha puesto al frente de las protestas masivas– en el sentido de dialogar con Lenín Moreno para buscar una salida negociada a la pugna. Optimistas, propios y extraños se apresuraron a definir dicho comunicado como una auspiciosa señal de que el conflicto podría entrar en una fase de descompresión, aun cuando desde otra óptica el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador mantenía su postura de no negociar hasta que el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, revirtiera el paquetazo. Pero el torpe manejo oficial de la crisis se impuso a las intentonas de arreglo y éste cobró el aspecto de una abierta improbabilidad, en especial después de que la Conaie recibiera, a cambio de su disposición dialoguista, golpes a granel y gases lacrimógenos al por mayor.

Sin embargo, a última hora de ayer se abrió lo que podría representar una vía para al menos desactivar la escalada del conflicto, cuando el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y el Consejo Episcopal de esa nación anunciaron en un comunicado la celebración de una reunión de diálogo entre el gobierno y la oposición a sus políticas. El encuentro estaría pactado para hoy a las tres de la tarde (hora del Ecuador) en la capital del país y en una sede todavía no especificada en el mensaje. El presidente Moreno habría aprobado realizar el diálogo propuesto por los dos organismos.

Es de esperar que de las conversaciones programadas surja un principio de solución que evite el incremento de la violencia en la nación andina. Lo cierto es que hasta ahora los acontecimientos en la misma han marchado al accidentado ritmo que marcan los traspiés de Lenín Moreno, quien empezó por traicionar las ideas, el programa social y la Revolución Ciudadana emprendidos por su antecesor Rafael Correa, continuó con la adopción de políticas abiertamente antipopulares y parece culminar con la entrega del país al FMI, que puede cambiar su director (directora en este caso), pero no sus nefastas líneas de acción.