l 9 de octubre de 2014 envié un correo a mis editores en Oakland para preguntarles si podría agregar una dedicatoria a mi libro Drug War Capitalism. El texto ya estaba por entrar a imprenta y no se podían hacer más cambios, pero quería incluir los nombres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que habían sido desaparecidos semanas antes. En eso quedamos y finalmente la versión en inglés del libro lleva los 43 nombres entre las primeras páginas, junto con el de Ali Mustafa, periodista canadiense independiente, asesinado por el régimen sirio el 9 de marzo del mismo año.

El libro fue publicado en noviembre de 2014. En las semanas y los meses siguientes las acciones y protestas tanto contra la desaparición forzada de los 43 como contra la masacre y tortura de otras personas más esa noche trascendió a escala global. Fue el Estado se hizo lema, junto a vivos se los llevaron, vivos los queremos.

El libro se tradujo al español y se publicó el año pasado bajo el título Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo. Entre muchos y muchas, luchamos para contribuir con entender, con dar sentido a los actos de la noche de Iguala el 26-27 de septiembre de 2014. Y, a pesar de que el texto fue escrito antes de la desaparición de los 43, propone algunas claves para interpretar la guerra en México que nos sirven a la hora de reflexionar sobre esa violencia.

El libro propone entender la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón a través de una mirada larga sobre el control de las sustancias, y en específico desde el inicio de Plan Colombia en 2000. Además, en lugar de enfocarnos en los cárteles y los criminales, la publicación ofrece una lectura que centra a los Estados como actores principales en el despliegue de violencia. Son los Estados, bajo el mando poderoso de Estados Unidos, los que han creado y mantienen el sistema de prohibición de ciertas sustancias sicoactivas.

Plan Colombia, la Iniciativa Mérida en México y otros planes similares en el Caribe y América Central han sido importantes vehículos para la injerencia de Estados Unidos en prácticamente toda América Latina. El inicio de la Iniciativa Mérida en 2008 marcó un aumento importante en el presupuesto de Washington para hacer la guerra en México. El gasto gringo subió de un promedio de 43 millones de dólares al año entre 2000 y 2007, a un rango de 235 millones de dólares por año entre 2008 y 2018. En México, el gasto federal en seguridad pública y defensa también ha subido en conjunto con el creciente presupuesto estadunidiense.

Cada vez hay más evidencia que nos indica que las inversiones en seguridad –en más marinos, soldados, policías y ahora más efectivos de la Guardia Nacional– hacen que las comunidades urbanas y rurales sean militarizadas. Y lo que provoca esa militarización es más inseguridad, evidenciada en el incremento de extorciones, desapariciones y desplazamientos forzados y homicidios.

Capitalismo antidrogas propone entender el incremento de los procesos paramilitares, es decir, el despliegue de grupos armados formalmente no del Estado, pero con fuertes vínculos con fuerzas de éste, como algo que crece en sintonía con el incremento de la militarización. La estrategia de descabezar a los llamados cárteles de la droga ha dado como resultado un aumento importante en la cantidad de grupos armados. Es que estos grupos y sus aliados en las fuerzas del Estado luego dependen de la extorsión, e incluso del secuestro, para poder seguir lucrando.

Pero también los juicios internacionales por parte de campesinos y trabajadores colombianos desde 2000 contra empresas mineras trasnacionales como Glencore, petroleras como la BP, la Coca Cola y la bananera Chiquita Brands nos enseñaron que las empresas también se aprovechan del paramilitarismo para eliminar oposición u organizaciones sindicales.

Desde el periodismo, es hora de dejar a un lado los discursos de la guerra contra las drogas o el crimen organizado. Más bien, nos toca intentar interpretar las violencias en México en un contexto económico y político más amplio. No cabe duda que en México hay intereses económicos fuertes, sean en zonas ricas en petróleo y gas, como en regiones estratégicas para la manufactura.

Han pasado un poco más de cinco años desde la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Los jóvenes fueron detenidos por policías, con la participación de las fuerzas armadas, y fueron entregados a un grupo paramilitar que los desapareció, en un país donde el aparato estatal ha garantizado la impunidad de los responsables.

Estamos muy lejos de vivir en un México en paz. Hay más de 40 mil desapariciones denunciadas en la nación; hay fosas clandestinas en ejidos, en casas, en pozos, en camiones, y tasas de homicidio que siguen siendo muy altas. Si salimos del discurso oficial, podemos entender que la guerra contra el narco en México es una guerra contra el pueblo. Eso también nos obliga a dejar de criminalizar a las víctimas de violencia, dejar de justificar que andaba en algo y considerar seriamente los demás factores presentes en los territorios militarizados y paramilitarizados. Es decir, es urgente analizar esta militarización como contrainsurgencia e interpretar la violencia en otras claves. Esa es la invitación que Capitalismo antidrogas deja abierta.

* Socióloga y periodista canadiense. Su libro más reciente: Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo