Colima, Col., El gobierno del estado que encabeza Ignacio Peralta desvió recursos por 200 millones de pesos para la compra de los terrenos de la ex zona militar, ubicada en el municipio de Colima, reveló el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

En el informe de resultados de la auditoría, correspondiente al ejercicio de 2018, el Osafig puntualizó que el gobierno violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la Ley de Disciplina Financiera, al dar otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.

En la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, se expone que el Congreso estatal autorizó al gobierno del estado, en septiembre de 2018, contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó (totalmente) de la manera autorizada por los diputados locales.

El informe detalla que los montos solicitados por el gobierno del estado debieron aplicarse conforme al decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el periódico oficial del estado de Colima.

En ese decreto se señala que de los 410 millones de pesos solicitados para la construcción del centro inteligente (C5) se programaron 150 millones de pesos; para la construcción de la Unidad de Cuidados neonatales en Manzanillo, 60 millones de pesos; y en la adquisición de tierras o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima se asignó un monto de 200 millones de pesos.

El último concepto referido es la adquisición de 50 hectáreas de la ex zona militar, ubicada en la calzada Galván, que se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en contraparte, el gobierno del estado otorgó, a título gratuito, otro terreno ubicado en Loma de Fátima, municipio de Colima.

El Osafig refirió que el Congreso autorizó a la administración estatal endeudarse para una acción específica y a posteriori, no se informó o precisó (por parte del gobierno en su solicitud de endeudamiento) que la contratación de dicho endeudamiento era para recuperar los recursos económicos que el ente fiscalizado había entregado previamente a la Sedena, como lo expuso la administración estatal.

El gobierno estatal recibió el 14 de diciembre del año pasado, 200 millones de pesos (que se destinarían para la compra de los terrenos de la ex zona militar), como parte del crédito contratado con Banobras al amparo del decreto 617.

El mismo gobierno indicó que al ingresar los recursos extraordinarios, el 14 de diciembre de 2018, se procedió a recuperar los importes previamente pagados por la adquisición del bien inmueble y se realizaron los pagos correspondientes para diciembre.

Sin embargo, el Osafig expone que el gobierno del estado no acreditó con documentos que los 200 millones de pesos se hubieran utilizado en la inversión pública productiva, para el que fueron autorizados por el Congreso. Con lo anterior se acredita que el gobierno del estado no pudo haber realizado los pagos que refiere a la Sedena en el plazo señalado por el gobierno.

El gobierno descalifica, pero no argumenta: Osafig

Sobre el crédito de 410 millones de pesos, el mismo Osafig afirmó que el gobierno del estado sólo se limitó a realizar argumentaciones y descalificaciones sobre lo observado, pero en ningún momento señaló el fundamento legal que expresamente lo faculte a dar otro destino diferente al autorizado a los recursos económicos provenientes del crédito contratado con Banobras y que aceptó recibir el 14 de diciembre de 2018 por 200 millones de pesos. Por lo tanto, para el Osafig el gobierno no pudo solventar lo observado en el hallazgo F32/FS/18/20, relativo al crédito de 410 millones de pesos que el Congreso autorizó al gobernador en septiembre de 2018.

En marzo de 2019, en comparecencia ante diputados, el mandatario señaló que todo fue una malinterpretación, pues el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales dio a conocer que la entrega de los terrenos de la ex zona militar de calzada Galván se trató de una donación a título gratuito.

“Podemos demostrar las transferencias financieras con montos y fechas; todo embona, con lo que el propio convenio establece (…), tenemos todas las transferencias bancarias financieras y las podemos poner a disposición del público en general sin ningún problema”, aseguró ante diputados.