partir de 2015 y hasta que el gobierno de Lenín Moreno lo expulsó en un acto de vergonzosa sumisión a Washington en abril de este año, Julian Assange fue continuamente espiado en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española de defensa y seguridad privada Undercover Global, contratada por Quito para proteger su sede diplomática. De acuerdo con la investigación de un diario español, la compañía –propiedad de David Morales– instaló micrófonos y otros dispositivos de espionaje en distintos puntos de la legación, mediante los cuales obtuvo audio y video de las reuniones de Assange con sus abogados, colaboradores y miembros de la legación ecuatoriana, todos los cuales eran entregados a Estados Unidos por conducto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La comprobación de los temores manifestados por Assange acerca de que fue espiado durante su estancia en la embajada ecuatoriana revela, en primer lugar, la absoluta despreocupación del gobierno estadunidense y sus instancias de inteligencia para pasar por encima de la legalidad internacional en su cruzada persecutoria contra la libertad de expresión y el derecho de las sociedades a conocer la manera en que operan sus gobernantes. Esto, que no resulta en modo alguno sorpresivo, pone de relieve una vez más la importancia crucial de la labor emprendida por el fundador de Wikileaks, dedicada precisamente a exponer a la luz pública los atropellos a los derechos humanos perpetrados por Washington y sus aliados.
A la ilegalidad debe sumarse el cinismo: en el contexto actual, es inevitable vincular las relaciones entre la CIA y Morales (empresario cercano a Sheldon Adelson, magnate de los casinos y amigo del presidente Donald Trump) con los continuos ataques del mandatario estadunidense contra empresas chinas por el presunto espionaje que éstas realizan para Pekín. Es decir, lo que reflejan los temores esgrimidos por la Casa Blanca no son la actuación de las compañías chinas, sino sus propias prácticas de convertir empresas locales o extranjeras en parte de su aparato de infiltración.
Por otra parte, la inescrupulosa actuación de Undercover Global es demostración palmaria del peligro en que se ponen los estados al delegar en empresas privadas labores estratégicas, ya se trate de la explotación de sus recursos naturales, la operación de los transportes y las telecomunicaciones o, como sucedió en este caso, la protección de sus instalaciones diplomáticas. Como quedó en evidencia, la soberanía de las naciones queda seriamente comprometida cuando su integridad se pone en manos de entidades regidas por la búsqueda de ganancias.
Cabe esperar que la Audiencia Nacional española, encargada de investigar los actos ilegales de Undercover Global, emita una sanción ejemplar en un caso que es señal de alarma no sólo para Ecuador, sino para todos los países que confían en este tipo de compañías para velar por sus intereses. Pero, ante todo, es imperativo que los juzgadores británicos que evalúan la extradición de Assange a Estados Unidos tomen en cuenta el precedente de los oscuros designios de Washington en contra del comunicador.
