La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México abrió dos carpetas de investigación por los daños que encapuchados infiltrados en la movilización de familiares y organizaciones de la sociedad civil causaron durante la marcha para recordar los cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dijo que las indagatorias se iniciaron tras las denuncias que presentaron los enviados jurídicos de una institución bancaria y de la oficina de la representación del gobierno de Nuevo León, ubicadas en Filomeno Mata, en el Centro Histórico.

Mientras, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, dijo que se tiene la instrucción de identificar y localizar a quienes realizaron los daños en más de 50 comercios ubicados en Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

Al ser entrevistado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, mencionó que la tarde del jueves sólo se registraron afectaciones materiales porque se privilegió el no enfrentamiento con lo que se evitó que resultaran personas heridas.

Recordó que se decidió que entraran 450 efectivos de la Unidad Táctica de Auxilio a la Población de la SSC al final de la movilización sobre el Eje Central, Cinco de Mayo, Isabel La Católica y el despliegue de otros uniformados ubicados cerca del Zócalo, lo que contribuyó a disuadir a los manifestantes que realizaban destrozos.

Orta Martínez anunció que se tomarán medidas de labor preventiva con los policías en el que se incluirán vallas y personal vinculado al área de Participación Ciudadana con el fin de resguardar monumentos, edificios de gobierno, comercios y viviendas para la marcha prevista para hoy y la del 2 de octubre.

Se prevé que este sábado mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil se movilicen del Monumento a la Madre al Zócalo en favor del aborto.