Diputadas de Morena en el Congreso capitalino presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para incorporar el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas de gestación.

Al presentar la iniciativa –con el respaldo de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres invitadas al salón de plenos–, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga explicó que tiene por objeto remover obstáculos que resulten discriminatorios para que las mujeres puedan acceder de manera rápida, gratuita, segura e informada al procedimiento médico para interrumpir su embarazo en las instituciones públicas del sector salud de la ciudad.

La propuesta considera la posibilidad de interrumpir el embarazo después de las 12 semanas en los casos en que se determine que peligra la vida y la salud de la mujer o el producto, siempre y cuando se cuente con la autorización de un médico y la opinión de otro del sector salud.

El proyecto plantea añadir un numeral 3 al apartado A del artículo 6 de la Constitución local, Ciudad de libertades y derechos, para garantizar que las mujeres gozarán del derecho a la libre determinación de su cuerpo, el cual comprende la interrupción legal del embarazo en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia.

Agrega otro numeral al apartado F sobre derechos reproductivos, para fijar la obligación de las autoridades a garantizar el acceso a ese derecho y establecer que la objeción de conciencia, como recurso individual del médico para negarse a realizar un legrado, sólo será procedente si se garantiza una remisión efectiva para la prestación de dicho servicio a otro profesional competente.

Aseguró que la propuesta, que contó con la adhesión de su compañera Marisela Zúñiga Cerón, cubre el parámetro de regularidad constitucional a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es la autodeterminación de nuestro cuerpo, derecho a la salud en su vertiente social e individual, y el derecho a la vida y su protección constitucional, y se sustenta en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al amparo de revisión 1388/2015, donde sostuvo que la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales e incluso sociales.