La iniciativa de ley para crear el banco de ADN de uso forense para identificar a agresores o servidores públicos involucrados en delitos sexuales es violatoria de derechos humanos y podría derivar en una ola de amparos, consideró la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.

De entrada, dijo, está bien, porque tenemos muchos casos donde una persona comete este delito de manera reiterada y en algunos los violadores son policías, pero ellos se protegen entre sí y conocen los protocolos para no dejar rastros en la víctima, como es el uso del condón.

El mensaje enviado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con esta iniciativa es que habrá un control en policías y servidores públicos, porque van a tener su ADN, y si dejan rastro van a ser sancionados, señaló.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Jefatura de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, serán quienes manejen el banco y existe el riesgo de que haya un mal uso, porque no está bien definido quién se encargará de resguardar esa información, advirtió.

Los servidores públicos, de entrada, te pueden decir para qué. Conocen sus derechos y pueden ampararse de exigirles estas pruebas, porque existe la presunción de inocencia, y pueden ganar este recurso, pues estos bancos se configuraron principalmente para atender casos de desapariciones.

La situación que se vivió en Guatemala, donde se vinieron amparos porque se estaban violentando derechos, aun cuando se buscaba tener una base de datos para atender los casos sexuales, podría repetirse en la Ciudad de México, estimó.

Suena muy bien para evitar el viacrucis que enfrentan las víctimas de delitos sexuales en busca de justicia, pero cuando vemos qué significa, y ver los obstáculos que se presentan, como los amparos, las cosas se complican, puntualizó.