La próxima semana será definitoria en cuanto a si puede enfrentar su proceso en libertad la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, ya que un tribunal analizará su recurso de apelación para que se modifiquen las medidas cautelares con base en las cuales se encuentra en prisión.

El abogado Julio Hernández Barros, defensor de Robles, señaló a La Jornada que la semana próxima un tribunal revisará las condiciones en que la ex funcionaria enfrenta su vinculación a proceso, y solicitarán de nueva cuenta que la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que pueda tener el derecho de gozar de libertad bajo fianza.

Entre los argumentos que aportarán para que el tribunal considere que la prisión justificada que se dictó a Robles Berlanga es una medida innecesaria e injustificada, porque todos los demás acusados de tener alguna responsabilidad en los desvíos de recursos que se realizaron desde Sedatu y Sedesol y que afectaron por más de cinco mil millones de pesos al erario, se encuentran en libertad.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió su decisión de inhabilitar por 10 años a Rosario Robles como servidora pública por no declarar información de una cuenta bancaria y señaló que en este proceso se respetaron las garantías de la ex funcionaria.

Mediante un breve comunicado, la dependencia señaló ayer que la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal se dio por falta de veracidad en su declaración patrimonial, lo cual es considerado una falta grave en términos del artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, agregó que la sanción se impuso por no declarar información bancaria, lo cual es independiente del monto o el estado que guarda lo no declarado.

Robles Berlanga permanece detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de ejercicio indebido de la función pública.

En ese contexto, el 26 de septiembre de 2018, la SFP inhabilitó también por 10 años a Gustavo Rodríguez González, quien fue vocero de la Sedesol y la Sedatu cuando Rosario Robles estuvo al frente de dichos organismos.

En aquella ocasión, se indicó que Rodríguez González había autorizado de manera indebida un pago a Radio y Televisión de Hidalgo, lo que ocasionó un daño patrimonial al erario por 175 millones 411 mil pesos.