Aunque el acuerdo antidumping al que llegaron los productores mexicanos de tomate con el Departamento de Comercio de Estados Unidos es una buena noticia, aún persiste la preocupación por las condiciones fijadas en el nuevo pacto, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Después de que este jueves se firmó un nuevo convenio que permite comercializar la hortaliza en el vecino país del norte sin pagar un arancel de 17.5 por ciento, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, destacó que todavía existen preocupaciones.

Aunque el nuevo acuerdo, que será revisado de manera obligatoria en 2024, suspende la investigación reactivada el 7 de mayo pasado, los productores de tomate se verán obligados a la inspección en la frontera de 90 por ciento de sus envíos y a fijar precios orgánicos, que antes no existían, aunque 92 por ciento de la exportación queda al mismo precio que en el acuerdo anterior y desaparece el precio de verano.

Salazar Lomelín agregó que el acuerdo instaura reglas que van a ser muy difíciles de poner en operación los primeros seis meses, sobre todo por la revisión a los camiones que van a cruzar la frontera, pues será complicado.

Adelantó que la próxima semana se reunirá con los productores de tomate mexicano para preparar desde ya la revisión del acuerdo que se hará en seis meses, pues con este tipo de regulaciones sólo se busca detener la producción de México.

Explicó que la exportación de tomate representa más de 2 mil millones de dólares, lo cual se suma al otros productos agrícolas mexicanos –como las berries y el aguacate–, que están jugando un papel favorable en la balanza comercial.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, el Consejo Agrícola de Baja California, el Sistema Producto Tomate Nacional y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo con este nuevo pacto se detienen los depósitos en efectivo que han realizado los productores y todos los exportadores tendrán derecho a recibir sus reembolsos una vez que el Departamento de Comercio de EU lo determine.

El organismo se comprometió a que el programa de inspección se desarrollará y pondrá en marcha consultando a expertos del Departamento de Agricultura y no tendrá efecto en los siguientes seis meses.