La Academia Mexicana de Derecho Penal expresó este miércoles su preocupación por los pasos que se están dando, en un sentido autoritario y muy punitivo, que desvirtúan las tradiciones del sistema penal mexicano.

En conferencia de prensa realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y miembro de la academia, señaló que la inseguridad y el combate al crimen organizado han sido los motivos oficiales por los que el Estado ha tomado durante los pasados años medidas y disposiciones en materia penal que se apartan de los principios y las reglas propios del orden constitucional y del sistema penal democrático.

Junto con Victoria Adato Green, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ex subprocuradora Olga Islas, entre otros integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, García Ramírez señaló que medidas como la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa y la puesta en operación de la Guardia Nacional apuntan a que el sistema penal mexicano se está convirtiendo en uno represivo y que menoscaba los derechos fundamentales.

Respecto de la Guardia Nacional dijo que se trata de una corporación esencialmente militar. Señaló que, además, previo al interés que el Estado ha puesto en la Guardia Nacional, existe una manifiesta desatención del sector de la policía civil, tanto federal, estatal y municipal, cuando son estas corporaciones en las que debe descansar la atención de la seguridad pública.

La Academia Mexicana de Derecho Penal expresó en un documento que sus integrantes no niegan “las alarmantes características de la inseguridad que nos aqueja. Sin embargo, es indispensable que las medidas que se adopten para enfrentarla sean aceptables en el contexto del estado de derecho. La adopción de medidas que carezcan de legitimidad –y además de eficacia– ataca tanto las garantías de los ciudadanos como el orden social”.

Los miembros de la organización señalaron que junto con la extinción de dominio, la prisión preventiva y la Guardia Nacional son temas de su preocupación, además de la forma en que el Ejecutivo decidió el fin de la prisión en las Islas Marías, la aprobación de normativas penales que restringen libertades, como la llamada ley garrote de Tabasco, o las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, que en su visión incrementan desmesuradamente diversas penas.

García Ramírez señaló que la criminalidad y la inseguridad deben ser atacadas con medios enérgicos por el Estado, pero dentro de los valores y principios de un verdadero estado de derecho.