La decisión del juez federal que dictó libertad absolutoria a Gildardo López Astudillo, El Gil, señalado como jefe de la plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero, al momento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un precedente muy grave que abre la posibilidad de liberación de otros 50 detenidos por el caso, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es momento de una reforma a fondo, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el Poder Judicial y confió en que el presidente de la Corte intervendrá en este caso.

El mandatario llamó a “no permitir que estos casos se repitan y se repitan, y perdamos hasta nuestra capacidad de asombro, pues ya se empiece a ver como algo normal (…) cada vez que haya un hecho de estos lo vamos a tratar aquí, o sea, no nos vamos a quedar callados”, además de señalar que el Consejo de la Judicatura estaba ahí de florero, de adorno, porque se pasaban años sin destituir a un juez.

Al realizar un balance del caso Ayotzinapa ayer en la conferencia de prensa que encabeza el presidente, Encinas exhortó a la Fiscalía a rencausar la investigación para subsanar omisiones y permitir una investigación que deslinde responsabilidades de autoridades y civiles.

Por instrucción presidencial, anunció, el gobierno federal iniciará ante la FGR y el Consejo de la Judicatura federal recursos legales para realizar una investigación de los funcionarios de la fiscalía y de los jueces en el caso del Poder Judicial federal por este proceso.

Explicó que Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y desestimó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro contra López Astudillo.

Además, en el proceso se suscribió a analizar sólo 162 de los 791 tomos de la averiguación y se consideró que se había aplicado tortura al detenido a pesar de que el llamado Protocolo de Estambul acreditó lo contrario.

Lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se pueda establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa, alertó.

De los 142 detenidos por el caso, entre vinculados al cártel de Guerreros Unidos, policías de Iguala y Cocula, a la fecha han sido liberados 53.

Ello implica particularmente una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, subrayó.