Con una caída en las expectativas de crecimiento económico y el repunte de la violencia en el país, que ha dejado más de 20 mil muertos en el primer semestre del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer Informe de gobierno. En contrapartida, ha lanzado una ambiciosa política social como el eje que le permita dinamizar la economía popular y, al mismo tiempo, contribuya a combatir las causas de la violencia.

A diferencia de otros sexenios, cuando se corría al Congreso la cortesía de un mensaje político al día siguiente de haberle entregado el Informe por escrito, esta ocasión el Ejecutivo invertirá el orden. A las 11 de la mañana, ante 500 invitados presentará en Palacio Nacional el estado que guarda la nación y seis horas después la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará al Congreso de la Unión el documento oficial.

Durante los primeros nueve meses de su sexenio, López Obrador ha implantado una fuerte política de austeridad y de combate a la corrupción, donde destaca el robo de combustible y su polémica estrategia contra esas prácticas en la adquisición de medicinas. Y es en ese contexto que la Fiscalía General de la República inició procesos penales contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En este periodo, López Obrador suma ocho renuncias en su gabinete: Carlos Urzúa, como secretario de Hacienda; Josefa González Blanco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Germán Martínez, como titular del IMSS; Tonatiuh Guillén López, a la dirección del Instituto Nacional de Migración.

También dimitieron Simón Levy, Patricia Bugarín y Édgar San Juan como subsecretarios en Turismo, Seguridad Pública y Cultura, respectivamente, así como Clara Torres, a la dirección de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar.

Si bien López Obrador ha desacreditado las cifras de calificadoras, expertos y organismos especializados, las proyecciones de crecimiento del Banco de México pasaron de un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento en 2019 a 0.8 y 1.8 por ciento. Al mismo tiempo, el último informe del crecimiento difundido por el Inegi ubicó en cero por ciento esta variable durante el primer semestre del año.

Paralelamente, los sustanciales cambios que ha introducido para enfrentar la violencia en el país aún no dan resultado: el incremento de las partidas de programas sociales destinados a apoyar a los jóvenes –con 930 mil trabajando como aprendices con sueldos mensuales de 3 mil 600 pesos y 10 millones de becas a estudiantes, que representan, estas últimas, 60 mil millones de pesos– para desincentivar su incorporación a la delincuencia ni la creación de la Guardia Nacional han revertido el consistente crecimiento de homicidios.

Con base en cifras oficiales, en junio se registraron 2 mil 999 asesinatos, lo que constituyó la cifra más alta en lo que va del año, y en julio, 2 mil 993.

Plaza pública y conferencia de prensa

En estos nueve meses, López Obrador ha dado 192 conferencias de prensa, la mayoría en Palacio Nacional, de lunes a viernes –convocadas a partir de la 7 de la mañana, con duración promedio de dos horas–, después de encabezar el gabinete de seguridad nacional. En provincia han sido 10. Esos encuentros con la prensa le permiten marcar la agenda diaria.

Además, ha recorrido todos los municipios y comunidades más marginadas y alejadas de las 32 entidades del país, lo que representa alrededor de 120 mil kilómetros, sobre todo para presentar programas de bienestar, pero también para firmar acuerdos, entre otros. Según datos oficiales, en 21 ocasiones visitó Veracruz y sólo una vez Baja California Sur.

En este periodo se ha encontrado en territorio nacional con Pedro Sánchez, presidente de España; Nayib Bukele, de El Salvador, y con Alejandro Giammattei –entonces como presidente electo de Guatemala–, lo cual convierte a López Obrador en el jefe de Estado mexicano sin actividad internacional.

En lo que va del sexenio no se ha reunido con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de la intensa agenda bilateral y las complicaciones migratorias, ni se ha encontrado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando tienen pendiente la firma del tratado comercial entre las tres naciones.

Siempre con la premisa de desmontar en su primer año de gobierno los cimientos del modelo neoliberal y la corrupción que inevitablemente asocia a ese régimen, López Obrador hoy reportará, entre los avances alcanzados, la derogación de la reforma educativa; sepultar el aeropuerto en Texcoco –a pesar del alud de amparos contra la obra en la Base Aérea de Santa Lucía–.

También, el relanzamiento de Pemex como palanca de desarrollo, la creación de la Guardia Nacional, avances de sus proyectos estratégicos –Tren Maya, la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Istmo de Tehuantepec– una ambiciosa política social, cero endeudamiento público y el acuerdo alcanzado con el sector empresarial para concretar inversiones por 623 mil millones de pesos.

Aunque polémicos, se trata de golpes de timón amparados en la legitimidad que le dan los 30 millones de votos obtenidos en la elección presidencial que, además, le permiten a su partido mantener el control del Congreso. Un elemento que no tuvieron ninguno de sus tres últimos antecesores.