ecir que los intereses de Germán Larrea –el segundo hombre más rico de México, según Wikipedia, y el 98 del planeta según Forbes– generan heridos, intoxicados, muertos, ecocidios, agitaciones sociales, represiones policiacas, así como encarcelamientos y crisis de gobierno, puede parecer exagerado o demonizante, pero es la mera verdad.

México padece en carne propia los estragos que dejan las actividades emprendedoras del Grupo México: los 65 muertos de Pasta de Conchos (2006), cuyos deudos aún reclaman justicia y un digno entierro; el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora (2014) –el peor desastre ambiental en la historia de la nación, según la misma Semarnat– que afectó a más de 20 mil personas, y el último contratiempo de la serie, el pasado 9 de julio: 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, el celebrado santuario reproductivo de las ballenas grises. Y estas son sólo son punta de un iceberg transnacional, definido como la empresa minera más grande de México y la tercera productora de cobre del mundo. Una presentación que, sin duda, obliga al respeto.

De los 13 proyectos de exploración minera que el Grupo México está realizando oficialmente en Estados Unidos, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, el caso peruano es de explosiva actualidad, al punto de sacudir al entero tablero político. El proyecto Tía María, que –según la página de la Southern Peru Copper Corporation (SPCC), un avatar local del Grupo México– empezó en 1994, consiste en la extracción de más de 650 millones de toneladas de cobre de dos minas, Tía María y La Tapada, ubicadas en la región del valle del Tambo.

En las declaraciones de la propia minera, una inversión de mil 400 millones de dólares generaría 3 mil 500 puestos de trabajo y beneficiaría con 80 millones de dólares anuales el departamento de Arequipa por concepto de canon minero. Cifras felices, como se ve, que no dan cuenta de la tenaz oposición de las poblaciones locales al proyecto, porque el valle del Tambo hospeda una agricultura de alta calidad y rendimiento, además de ser uno de los mayores atractivos turísticos del sur del Perú, junto a la región del lago Titicaca y al Valle Sagrado de los Incas.

Las protestas populares contra un proyecto de minería a tajo abierto para la recuperación del cobre mediante lixiviación empezaron en 2003 y han tocado un punto álgido en 2011, en ocasión de la presentación del primer estudio de impacto ambiental, y luego en 2015, dejando siete muertos y decenas de heridos y encarcelados.

La defensa de las aguas del valle, ya sean fluviales o subterráneas, ha sido tan férrea por parte de los agricultores que la SPCC ha dado marcha atrás en este tema, declarando que utilizaría agua de mar tratada en plantas desalinizadoras.

Mientras el primer estudio de impacto ambiental (EIA) se ganó 138 observaciones de la Unops (Oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), el segundo estudio, presentado en agosto de 2014, fue aprobado por la Secretaría de Energía y Minas sin que se hubieran levantado todas las observaciones de la Unops y, sobre todo, sin aclarar si las actuales actividades económicas del valle del Tambo –agricultura, ganadería y pesca– pueden convivir con la minería.

Aterrizando en la actualidad, el caso de Tía María se ha vuelto emblemático y central en un país que, según el defensor del pueblo, cuenta con 180 conflictos socioambientales en activo, la mayoría por actividades extractivas.

El pasado 9 de julio, el otorgamiento de la licencia de construcción a la mina por parte del gobierno prendió la mecha de la revuelta, apoyada por las autoridades locales y regionales. Desde entonces, en el mes pasado, los pobladores del valle del Tambo efectúan un paro indefinido, varios bloqueos de las vías de comunicación y se han enfrentado a unas fuerzas policíacas por demás agresivas, con el resultado de muchos heridos y presos. Pero han logrado revertir lo que parecía perdido: el 9 de agosto el Consejo Nacional de Minería ha suspendido (por 120 días) la licencia de construcción otorgada a la Southern Copper para la ejecución del proyecto Tía María.

La historia, sin embargo, no acaba ahí, como en todas las fábulas extractivistas, la mina no suelta la presa y demanda al gobierno por incumplimiento y porque, según ellos, ya han invertido un dineral. (Insuperable, la capacidad de las mineras de pintarse como blancas palomas y tachar de ecoterroristasa todos los opositores. En el caso específico, la SPCC ha activado un plan de relacionamiento social llamado Valle Unido, que prevé programas de salud, educación, agricultura y ganadería. Mientras, han denunciado penalmente al gobernador regional, Elmer Cáceres, por dirigir las revueltas sociales del valle del Tambo.)

En tanto, el gobierno de Martín Vizcarra, que ha lanzado la audaz propuesta de anticipar de un año las elecciones generales para salir de la parálisis política, tiembla bajo los golpes de la oposición, que usa como ariete el caso Tía María. Pero para el Grupo México provocar la caída de un gobierno ha de ser sólo un nimio efecto colateral de sus operaciones.

Periodista italiano