a conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ayer 30 de agosto, dio pie al recuento de las dramáticas cifras de este delito alcanzadas en México durante la pasada década y media, la exposición del sufrimiento que ello implica para los familiares de las víctimas, y de la denuncia de la inacción con que han respondido las autoridades ante la catástrofe humanitaria, pero también fue oportunidad para que el Estado asumiera su responsabilidad en la materia y para que quienes buscan a sus seres queridos recibieran una esperanza tangible de avance.
El de las desapariciones es uno de los saldos más estremecedores del crecimiento exponencial del crimen organizado y la consecuente descomposición institucional en todos los ámbitos y niveles del Estado. De acuerdo con los últimos cálculos oficiales, en el país hay más de 40 mil personas desaparecidas, más de 37 mil cuerpos sin identificar y más de 3 mil fosas clandestinas –con 4 mil 974 cuerpos– halladas de 2006 al 14 de agosto pasado. Como han denunciado durante años los familiares de las víctimas, a la tragedia de ignorar el paradero de sus seres queridos se ha sumado la indolencia y la insensibilidad de las autoridades encargadas de la búsqueda de las personas y el esclarecimiento de los crímenes.
Por ello, resulta saludable la serie de anuncios realizados por el gobierno federal en el contexto de las conmemoraciones oficiales, pues permite vislumbrar la concreción práctica del giro discursivo con que se ha desmarcado de la inadmisible actitud de sus antecesores. Entre ellos, debe destacarse el compromiso de aplicar los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, el cual incluye una invitación oficial para que el citado comité visite nuestro país el próximo año, y se complementa con el reconocimiento de la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones individuales.
Igualmente significativa es la aceptación, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y de la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Irasema Quintana Osuna, de la búsqueda de las víctimas como un deber ineludible del Estado con éstas que debe realizarse como eje de todas las acciones. Otras instrucciones giradas por el titular del Ejecutivo y dadas a conocer por el subsecretario resultan igualmente esperanzadoras por apuntar a un compromiso real con la resolución de esta lacerante problemática.
Sólo queda retomar las palabras de los padres y madres de las personas desaparecidas, en el sentido de que la buena voluntad mostrada por el gobierno debe convertirse en acciones concretas, cuyas primeras manifestaciones pasan necesariamente por la asignación de un presupuesto acorde con la magnitud de la tarea, y por el compromiso de todas las autoridades en la consecución de la meta: presentación con vida y castigo a los culpables.
