El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que hay grupos poderosos que quieren sabotear o frenar la reforma para convertir en delito grave la expedición de facturas falsas.

La propuesta, dijo, es catalogar la compra y venta de facturas como delincuencia organizada y, por tanto, se aplicaría prisión preventiva de oficio.

El procurador reveló que en lo que va de la actual administración se han detectado más de 700 millones de pesos en operaciones simuladas en las que se ha comprobado la participación de funcionarios públicos y bancarios.

El promedio que tenemos es que cada tres días se aprehende a un defraudador y cada defraudador en promedio significa 11 millones de pesos. Señaló que la venta de facturas se ha convertido en un deporte nacional y reiteró que se ha detectado a funcionarios públicos involucrados.

Entrevistado en el contexto del segundo Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la agencia Thomson Reuters, afirmó que se está trabajando con el Senado para tratar de aprovechar el inicio del periodo ordinario de sesiones para que se pueda dictaminar y subirse al pleno.

Rechazó que haya un terrorismo fiscal. Dijo que es falso que cualquier empresario pudiera caer en situación de delincuencia organizada, eso es una mentira.

No hay que olvidar cómo operan estas empresas factureras, que son el conjunto de tres o más personas que en forma constante y permanente llevan a cabo actividades ilícitas y cuyo fin es a evadir al fisco federal. Cualquier empresa que tiene un objetivo normal y formal no cae en ese supuesto, puntualizó.

Los empresarios que cumplen con la ley no deben de preocuparse, aseguró.

En otro orden de ideas, Romero Aranda señaló que es necesario nombrar titular en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), porque hay 35 mil millones de pesos detenidos en acuerdos reparatorios. Detalló que por cuestiones de austeridad hay al menos 120 nombramientos pendientes.

Previamente, Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, quien acudió en representación del titular de la dependencia, Arturo Herrera, señaló que la entrada más fuerte de la tecnología en la industria financiera nos llevó a la Ley Fintech, aprobada hace más de un año.

Estos dos factores, el desarrollo tecnológico y la necesidad constante de estar a la vanguardia en términos de temas de regulación, llevaron a una revisión integral.

Expresó que la conectividad y la identificación del cliente de manera no presencial son algunos de los retos que enfrentarán las autoridades para regular a las empresas tecnológicas con actividades financieras.

Graf Noriega reconoció que todas las consideraciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fueron muy importantes para evaluar los riesgos de lavado de dinero. “Se observó que no había una identificación de los clientes reales y de las personas políticamente expuestas.

Existían riesgos tales como la suplantación de identidad, el uso de documentación falsa para el proceso de identificación y la manipulación de la tecnología para la comisión de delitos”.

Subrayó que la identificación del cliente es básica y muy importante en los procesos de inclusión financiera.