El Sistema Nacional Anticorrupción avanza en su conformación; sin embargo, hay cinco estados en cuyas secretarías ejecutivas falta titular: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y San Luis Potosí.

Así lo señaló el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Ricardo Salgado Perrilliat, en entrevista tras participar en la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El sistema, comentó, se está consolidando. A escala nacional ya se está trabajando. Ya está la coordinación, ya están esas siete sillas. Nos hacía falta el fiscal, pero este año lo tuvimos. Ya estamos completos en esa parte. Aún nos faltan los magistrados, aunque tenemos una sala auxiliar que es la que responde a los resultados que den en la secretaría o las faltas graves tendrán que sancionarlas ellos. Se viene caminando y hay que consolidarlo con el nombramientos que faltan.

Sobre la estructura operativa en los sistemas locales, afirmó que la Ciudad de México y Chiapas presentan mayor retraso, pues están pendientes cuatro nombramientos en cada una de esas entidades.

Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México no cuentan con fiscales especializados en anticorrupción; en tanto que a Campeche, Chihuahua, Nuevo León y Baja California les falta completar su marco jurídico en la materia.

Indicó que México es de las naciones con mayores índices de corrupción, pues se ubica en el sitio 138 de 180 en las mediciones globales, por lo que se debe combatir la ­impunidad.

Atención y dedicación

Mientras, el representante del PNUD en México, Lorenzo Jiménez, externó que en todos los países hay corrupción, la clave está en los procesos para sancionarla.

Una sociedad que no es capaz de hacer frente a la corrupción está enferma, tiene enormes problemas y requiere de toda la atención y dedicación del Estado, precisó.

En la ceremonia se indicó que el objetivo del convenio es establecer un marco de cooperación que facilite y fortalezca el desarrollo de metodologías y proyectos orientados al combate a este fenómeno.

Establece cuatro áreas prioritarias de colaboración: una evaluación de la implementación de la política nacional anticorrupción, desarrollo de programas de formación para combatirla en los sectores público y privado, un modelo para identificar riesgos en programas sociales y el fortalecimiento de las capacidades de las unidades de riesgos y políticas públicas de las secretarías ejecutivas de los sistemas locales anticorrupción.