En respuesta al tiroteo registrado el 3 de agosto en un centro comercial en El Paso, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las oficinas consulares en Estados Unidos han desplegado acciones que incluyen colaboración con las autoridades estadunidenses encargadas de la investigación e interposición de cargos contra Patrick Crusius, joven de 21 años, quien se adjudicó ataque.

En un reporte sobre política de protección consular de la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard al que La Jornada tuvo acceso, esta dependencia reiteró que se trató de un acto terrorista.

Recordó que ese hecho motivó que el gobierno de México dirigiera una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, manifestando su condena y rechazo absoluto por la matanza perpetrada.

Indicó que coadyuva en la investigación penal iniciada por la Fiscalía General de la República, proporcionando la información solicitada en el ámbito de sus atribuciones.

En relación con las víctimas fatales, la cancillería reportó que ofreció apoyo a las familias para los trámites funerarios y el traslado de restos a territorio nacional.

También puso a disposición de los afectados los servicios de un abogado a fin de que se interpongan demandas civiles y penales. Sobre este punto, el consulado general de México en Texas señaló de la contratación del despacho de Enrique Moreno, especialista en derechos civiles.

Moreno es consultor de este consulado y ha llevado casos que se relacionan con abusos contra la comunidad latina. Por ejemplo, fue el defensor de la familia de una niña de siete años de Guatemala que falleció el 8 de diciembre pasado en custodia de la Patrulla Fronteriza.

La SRE especifica en su informe que el personal del consulado general en El Paso mantuvo guardias permanentes en los dos centros hospitalarios. Lo anterior, toda vez que entre las 22 personas que fallecieron, ocho eran mexicanos y de la veintena de heridos, nueve son connacionales.

La dependencia recordó que el 5 de agosto el canciller Ebrard visitó El Paso, Texas, y el 14 hizo lo propio el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, quien participó en un homenaje a las víctimas.

En este espacio, además de llamar a las autoridades y grupos latinos a combatir el racismo y la discriminación, señaló que, de acuerdo con la organización no gubernamental Southern Poverty Law Center, en 2017 la cifra de crímenes de odio ascendió a 7 mil 175, 17 por ciento más que en 2016. Del mismo modo, la cantidad de organizaciones de nacionalistas blancos aumentó de 100, en 2017, a 148, en 2018; un incremento de 50 por ciento en un año.

Estos horrores, cometidos sobre la base de una retórica racial, nativista y antimexicana, son todo lo contrario del mundo que queremos construir y es mi deber decirles a todos ustedes, en nombre del gobierno de México, que condenamos firmemente esta tragedia y que no descansaremos hasta que se tomen medidas para que nunca más se repita, expresó Seade Kuri en el acto conmemorativo.

En el informe de la SRE también se da cuenta de acciones iniciadas el 28 de febrero, cuando se anunció de la Estrategia de Protección al Migrante. A partir de entonces se incrementó la cifra de abogados consultores de la red consular –de 55 a 149–, aumento de 171 por ciento.

Según la SRE, al 31 de julio se había entrevistado a 8 mil 720 personas mexicanas detenidas, realizado 65 reuniones con autoridades migratorias estadunidenses y efectuado 87 visitas extraordinarias a centros de detención y procesamiento.