Los impuestos especiales a refrescos, alcohol, tabaco y alimentos sin aporte nutrimental, deben ser vistos como parte de la política de salud pública. Su objetivo va más allá de la recaudación, pues está demostrado que representan la medida más efectiva para disminuir el consumo de productos que dañan la salud, causan enfermedad y muerte, afirmaron Alejandro Calvillo, de la Alianza por la Salud Alimentaria y Érick Antonio Ochoa, de la organización México Salud-hable.

Señalaron que desde la perspectiva del cuidado y preservación de la salud de las personas, sobre todo de los sectores más vulnerables, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpliría su compromiso de no aumentar tributos en los siguientes dos años y, al mismo tiempo, terminaría un ciclo que duró décadas en las que se careció de acciones concretas y claras para hacer frente a la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes que vive el país.

En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo planteó que el incremento a los gravámenes de estas mercancías aportaría alrededor de 50 mil millones de pesos a las finanzas públicas, con los cuales habría recursos para fortalecer los programas del gobierno, sobre todo los de prevención y promoción de la salud de las personas. A su vez, contribuiría a disminuir la carga financiera de la atención a enfermedad por diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares, entre otras, así como los costos de los servicios de salud.

El activista resaltó que los gravámenes forman parte de una estrategia en la que están medidas como el etiquetado de alimentos y bebidas y la regulación de la publicidad. Sobre el primero, recordó que hay una iniciativa de reforma del artículo 212 de la Ley General de Salud, la cual establece los etiquetados frontales que adviertan a los consumidores si las mercancías tienen un alto contenido de azúcar, grasas y sodio.

Comentó que el proyecto enfrentó resistencias por parte de los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado. No obstante, después de dos intentos fue aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputado y deberá votarse en el pleno, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones.

Antonio Ochoa comentó sobre el impuesto especial al tabaco que entró en vigor en 2011; representaba 69 por ciento del costo de una cajetilla de cigarros, pero debido a que no se actualiza con base en el índice inflacionario, la carga tributaria bajó a 65 por ciento.

La industria tabacalera ha incrementado sus precios, pero no su aportación a las finanzas públicas. De ahí que, con base en la decisión del titular del Ejecutivo de que los impuestos se actualizarán con base en la inflación, tendría que incluir a los productos del tabaco.