En el contexto de nuevos señalamientos del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon sobre la desaparición de diamantes, oro y obras de arte durante los cateos en la que fuera su residencia localizada en Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec, hace poco más de 12 años, en 2007, las autoridades mexicanas realizaron un intrincado esquema para conocer el origen de los más de 205 millones de dólares en efectivo encontrados en su mansión.

Tras el hallazgo y decomiso efectuado el 14 de marzo de 2007, fueron transferidos al Bank of America en depósito a la Reserva Federal, banco central estadunidense, mediante una cuenta puente acreditada por el Banco del Ejército (Banjército).

El argumento de aquel entonces esgrimido por las autoridades fue que debido al volumen tuvieron que ser revisados por peritos del vecino país para comprobar que no eran falsos.

De acuerdo con el entonces director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, no se podía depositar en bancos mexicanos todo el dinero porque las leyes impiden que una institución en nuestro país reciba una cantidad mayor a 15 mil dólares.

Previamente, 150 millones de dólares se encontraban en las bóvedas del Banco de México y que posteriormente fueron enviados al Bank of America para su depósito en la Reserva Federal.

Esta operación fue ampliamente objetada en aquel tiempo por la defensa jurídica del empresario recluido actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, al argumentar que fue irregular porque se adjudicaron los recursos antes de que una autoridad judicial competente en México determinara la licitud del dinero.

Posteriormente, el 17 de abril de 2007, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, dijo en una gira por Colima que ese dinero se entrega, como lo manda la ley, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; una vez que hay una resolución judicial definitiva que permita al Estado mexicano apropiarse de esa suma, la propia ley establece los destinos: una parte va al Poder Judicial, la otra debiera ir a la Secretaría de Salud para fortalecer los trabajos en materia de prevención de adicciones y rehabilitación de adictos, y una más va a la procuración de justicia, a la tarea de investigación policial.