En comisiones y con el voto de Morena, el Senado aprobó reformas a cinco leyes para tipificar como delincuencia organizada el contrabando y la defraudación fiscal, vía la venta y adquisición de facturas falsas; además, se le considera amenaza a la seguridad nacional y se sancionará con prisión preventiva oficiosa hasta de ocho años.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca (Morena), dijo que urge sacar estas reformas para combatir a las empresas falsas, ya que de 2014 a la fecha se evadieron 2 billones de pesos al fisco, que representa 1.4 por ciento del PIB.

PRI, PAN y PRD se abstuvieron con la advertencia de “lo grave que es considerar los delitos contra el fisco –defraudación– amenaza a la seguridad nacional, además de que, expusieron, la Corte puede echar abajo esa reforma por la severidad en las sanciones. El mensaje que se manda a los inversionistas y empresarios es que habrá terrorismo fiscal”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, subrayó: compartimos el espíritu de la iniciativa de combatir las empresas fantasma, pero déjenme advertirles algo: no hay instrumento más poderoso del Estado mexicano, más inquisitivo, que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde están rotas todas las garantías.

Planteó que se precisara ¿a quién se quiere combatir? A los factureros, a quienes están haciendo esa maquinación para defraudar al fisco; hay que poner a los que falsifican.

Sobre la Ley de Seguridad Nacional, señaló, es desproporcionado hablar de que esto es un tema de seguridad nacional. De 10 países firmantes de la Convención de Palermo, máximo instrumento para este tipo de combates, no hay uno solo que lo haya incluido como seguridad nacional. Las actividades que atentan contra la seguridad nacional son las que buscan desestabilizar la paz; las conductas contra espionaje, sabotaje, terrorismo rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de material nuclear, apoderamiento de aeronaves, financiamiento de organizaciones terroristas. ¿De veras los facturistas debieran estar considerados en el tema de seguridad nacional?, preguntó.

Se establece el criterio de oportunidad –testigo protegido– en caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve a la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito.