El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, exhortó al Estado mexicano a cumplir con el histórico dictamen emitido la semana pasada por el Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz.

El 5 de agosto el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen en el que responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Téllez Padilla, por lo que solicitó efectuar una investigación rigurosa, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del caso, y dio un plazo de 180 días para que las autoridades informen sobre las medidas adoptadas.

En conferencia de prensa convocada por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos –que representa a la familia de la víctima y llevó el tema ante el sistema de Naciones Unidas–, Jarab subrayó que el mensaje del comité es que sí hubo una desaparición forzada, eso pese a que el Estado mexicano –en particular la cancillería– durante el sexenio de Enrique Peña Nieto rechazó en todo momento en el litigio internacional los testimonios de la familia y sus representantes.

El comité refutó los argumentos ofrecidos por el gobierno anterior, que defendió que no hubo desaparición forzada. Desde el nivel (gubernamental) más alto se intentó desacreditar a víctimas y familiares. El mensaje con este dictamen es que una alta instancia de Naciones Unidas rechaza una forma de actuar del Estado que consiste en defender la línea de los perpetradores, dijo Jarab.

Enfatizó que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la gran oportunidad de marcar una diferencia profunda en cómo va a tratar este caso, además de generar estrategias para la prevención de este delito y las medidas que adopte para que no se repita.

Resaltó la necesidad de que el Estado mexicano por fin ratifique la competencia para conocer casos individuales del Comité contra Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, que es la instancia especializada del organismo para atender este delito.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, aseguró que la resolución es histórica, pues por primera vez un Comité de Tratado de la ONU declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por desaparición forzada, de ahí la importancia que el Estado cumpla con la sentencia, la cual es obligatoria.

Lamentó que a una semana de que se diera a conocer el dictamen, hasta ahora la cancillería no se ha comunicado con los familiares ni con sus representantes para acordar los términos de la ejecución. Incluso, dijo, se giraron sendas invitaciones para asistir a la rueda de prensa a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin que hubiera respuesta de estas dependencias y menos aún que asistiera un representante.

María Eugenia Padilla, madre de Christian, confió en que el presidente López Obrador cumpla a las víctimas y no sólo responda afirmativamente en el caso de su hijo, sino en la resolución por las miles de desapariciones en el país.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, exigió que México reconozca la competencia del CED. Agregó que de 495 acciones urgentes que ha emitido esa instancia en todo el mundo, 328 son por casos ocurridos en México.