Los abogados del empresario Zhenli Ye Gon continúan con sus intentos legales por recuperar la residencia que le fue incautada a su cliente en 2007 y que apenas el domingo pasado fue subastada en 102 millones de pesos, una vez que fue declarada en abandono.

Los litigantes interpusieron un recurso de queja ante la decisión de un juez federal de no admitir un amparo en contra del aseguramiento del inmueble, acción que se tomó luego de que se descubrieron en su interior millones de dólares, pesos mexicanos y miles de euros, presuntamente de procedencia ilícita.

El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México rechazó el recurso, al considerar que no era preciso el contenido de la demanda y luego de expresar sus dudas sobre si la firma realmente correspondía al empresario mexicano de origen chino. Además, solicitó a los abogados aclarar cuáles actos reclaman exactamente y que señalen a cada una de las autoridades que denunciaban como posibles responsables.

El impartidor de justicia pidió a las autoridades rendir el informe justificado y remitir copia certificada al tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en turno, quien resolverá el caso.

Por su parte, Alberto Juárez, quien forma parte de la defensa legal de Zhenli Ye Gon, aseguró que continuarán con el litigio por la indemnización del inmueble. El hecho de que la casa no tenga registro público de la propiedad y del comercio quiere decir que todavía es una propiedad del cliente, es decir, de Zhenli Ye Gon, sostuvo el abogado.

La semana pasada, los abogados de Ye Gon promovieron un amparo mediante el cual impugnaban la convocatoria emitida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para subastar el inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

Sin embargo, el SAE, encargado del remate, afirmó en su momento que no había ningún impedimento legal para proceder con la venta. El pasado miércoles indicó que en este caso dicho procedimiento concluyó en noviembre de 2007 y, por tanto, podía subastar la propiedad.

Explicó que en ese entonces el plazo de 90 días transcurrió sin que nadie reclamara su derecho sobre la residencia ni se presentó ningún recurso jurídico contra la declaratoria de abandono.

(Con información de Eduardo Murillo)