MLO ha sido tildado de populista mayor desde hace muchos años por su fuerte creencia en la bondad y eficacia de los programas de asistencia social. Que regala inútilmente el dinero de manera clientelar; que es una forma perversa de conservar la pobreza; que quiere votos a cambio de dinero, es lo menos que se ha dicho. Por supuesto, la élite del statu quo repite el mantra consabido de no regalar peces, sino enseñar a pescar.

En modo sinopsis recojo los principales resultados de un sólido reporte de investigación. Rema Hanna, doctorada en economía por el Massachusetts Institute of Technology y licenciada por la Universidad de Cornell es directora del programa de investigación Evidence for Policy Design del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. De ahí procede el estudio The Myth of Welfare Dependency, publicado por Project Syndicate.

Las redes de seguridad social en todo el mundo se ven sistemáticamente atacadas por críticos que sostienen un argumento que es tan engañoso como familiar. Se dice que medidas como el seguro médico subsidiado, los programas de alimentación y nutrición, y los pagos en efectivo dirigidos a los pobres, incentivan el ocio, fomentan el parasitismo y crean una cultura de dependencia. En respuesta, los responsables de la formulación de políticas recortan fondos, permiten que la inflación erosione los beneficios y dificultan el acceso de las personas a los programas sociales. Hanna ha contribuido a desmontar esos argumentos con los resultados del Programa Keluarga Harapan (PKH).

Con ayuda del Banco Mundial, el gobier­no de Indonesia lanzó en 2008 el PKH como experimento político a gran escala. El programa se implementó en 180 subdistritos seleccionados al azar, que fueron comparados con un grupo de control de 180 subdistritos que no contaban con el programa; 14 mil hogares fueron evaluados.

PKH proporcionó transferencias trimestrales de efectivo a los hogares más pobres del país, es decir, a los que se encuentran dentro del 7 por ciento inferior de la distribución del ingreso. Los pagos fueron de entre 7 y 14 por ciento de los ingresos del beneficiario. PKH fue dirigido a familias a las que se impulsaba a utilizar los recursos para invertir en sus hijos. El estipendio se condicionó al cumplimiento de diversas obligaciones relacionadas con la salud y la educación, como la inmunización básica y la finalización de por lo menos nueve años de estudios de los hijos.

PKH se inició en 2009 y, en 2011, mostró un impacto positivo en los indicadores a corto plazo de los resultados de salud y educación. Ante esos datos el gobierno indonesio amplió el programa. Para 2013, asistía a unos 2.3 millones de hogares en 3 mil 400 subdistritos de todo el país.

Tras seis años , los niños cuyas familias habían recibido regularmente la asistencia de PKH tenían entre 23 y 27 menos probabilidades que los del grupo testigo (sin asistencia) de experimentar retraso en la estatura y en el desarrollo del coeficiente intelectual. En ese lapso, los niños cuyas familias comenzaron a recibir beneficios de PKH cuando tenían entre 9 y 11 años (lo que significa que ahora tenían entre 15 y 17 años) tenían 16 por ciento más de probabilidades de estar matriculados en la escuela.

Es difícil exagerar la importancia de es­tas mejoras en salud y educación, dice el estudio. Dejando de lado los obvios argumentos morales para garantizar el acceso de los niños a la nutrición y la escolarización, estas inversiones en hogares de bajos ingresos probablemente se traducirán en beneficios económicos de largo alcance, incluyendo mayor participación en el mercado laboral y mayor productividad. PKH “produjo mejoras significativas en algunas de las áreas más difíciles y problemáticas de la salud pública y la educación… estos avances fueron posibles gracias a una in­ver­sión acumulativa en los niños en seis años. Lo más probable es que esto no se hubiera logrado bajo un programa que ofreciera beneficios temporales o esporádicos”.

Indonesia tiene una población de 264 millones de habitantes (2017), más del doble que la de México, y un PIB per cápita (paridad de poder adquisitivo) equivalente a 63.8 por ciento del de México. Adicionalmente, la carga tributaria total en Indonesia (tributos totales sobre PIB) es de 12 por ciento, mientras en México es de 16.2 por ciento (2017), de acuerdo con la OCDE. Aunque en ambos casos se trata de cargas fiscales bajísimas, México cuenta a las claras con mayores recursos para ser aplicados en programas sociales.

PKH, parece claro, fue un programa muy restringido y ha sido evaluado muy positivamente. Los programas de la 4T deben contribuir a mejorar los índices de educación y salud. Una evaluación en unos tres o cuatro años debe dar luz sobre cómo se entregan los apoyos y la forma de mejorar los programas.