En medio de críticas y polémica, el pleno del Congreso local votará hoy la nueva Ley de Participación Ciudadana, que estipula que la elección de los órganos de representación vecinal y la consulta sobre presupuesto participativo se aplazan hasta abril del próximo año.

Este lunes, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del pleno, la Comisión de Participación Ciudadana presentará un proyecto de dictamen, el cual se preveía discutir hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, luego de que vecinos interpusieron amparos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los diputados locales, en su mayoría de Morena, impulsaron la semana anterior un nuevo proyecto en el que se propone que la revocación de mandato sea facultad exclusiva de los ciudadanos, así como entregar los recursos del presupuesto participativo directamente a los colonos y mantener en 3 por ciento el monto en cada alcaldía.

Diputados de oposición acusaron que Morena intenta dar un albazo legislativo; sin embargo, el partido mayoritario consideró que las condiciones están dadas para generar la nueva ley, además consideró que su propuesta busca empoderar a la ciudadanía y eliminar el sesgo político dentro de los grupos vecinales.

De manera paralela, se prevé que hoy a las 19 horas el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleve a cabo una sesión extraordinaria del Consejo General en la que se analizará, y en su caso avalará, un acuerdo para lanzar una convocatoria única para la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2019, y la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2020, en cumplimiento con la resolución dictada por la TEPJF en respuesta al amparo promovido por una ciudadana de la colonia Juárez, en la demarcación Cuauhtémoc.

De acuerdo con los consejeros, en esta sesión se valoraría si la consulta se hace extensiva a toda la Ciudad de México.

Sobre el tema, la organización Vecinos Unidos advirtió que el dictamen desalienta la participación ciudadana, ya que complica los procesos de elección, el ejercicio del presupuesto participativo y viola el derecho constitucional a la consulta.

Informaron que los artículos relativos a la aplicación del presupuesto representan un mecanismo injustificadamente complejo, al introducir un órgano dictaminador de los proyectos compuesto por autoridades.