Desde hace un lustro la reducción del hambre no progresa en América Latina y El Caribe. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para 2018, la subalimentación afecta a 42.5 millones de personas, 6.5 por ciento de los habitantes de la región.

Ante este panorama, en el Séptimo Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, se llamó a desarrollar acciones urgentes para situar el derecho humano a la alimentación en lo más alto de las agendas públicas.

En Sudamérica los legisladores de los frentes parlamentarios contra el hambre han generado leyes de gran impacto, por ejemplo, en Paraguay aprobaron recientemente una ley de protección a la agricultura familiar, mientras que en Uruguay dieron el visto bueno a una legislación que fomenta la agroecología.

Gracias a la labor del Frente Contra el Hambre de Colombia, en junio dicho país aprobó una ley para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, iniciativa que Argentina, Brasil, Perú y Chile están trabajando en sus propios parlamentos. Los legisladores participantes en el encuentro destacaron la Ley de Etiquetados de Chile, una política que consideraron exitosa, y que está siendo replicada en Guatemala, Paraguay, Argentina, Colombia y Perú.

En el Caribe, los frentes de Haití, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, Granada y Belice están promoviendo la alimentación escolar mediante leyes que mejoran la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y nutritivos para los niños, niñas y adolescentes.

Tras la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en octubre de 2018 en Madrid, la Alianza Parlamentaria a favor del derecho a la alimentación de las Cortes Generales de España y el frente se han unido para trabajar juntos por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero.

Este año los frentes parlamentarios contra el hambre cumplieron una década de trabajo; estos grupos legislativos, originales de América Latina y El Caribe, han generado más de 30 leyes orientadas a contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios. Los frentes son apoyados por la FAO.