Xalapa, Ver., En la última nota que escribió Jorge Ruiz Vázquez, reportero del diario Gráfico de Xalapa asesinado la noche del viernes en la comunidad La Bocanita, municipio de Actopan, reveló un presunto desvío cometido por el alcalde de esa localidad, Paulino Domínguez Sánchez, por entre 10 y 12 millones de pesos.

Según la nota publicada el viernes 2 de agosto, horas antes del crimen, Ruiz Vázquez advierte que Fermín Domínguez Barradas, hijo del alcalde, con residencia en la Ciudad de México, se habría visto involucrado en problemas con la justicia, por lo cual su padre habría tomado recursos del ayuntamiento para sobornar a las autoridades.

Desde hace tiempo, Ruiz Vázquez mantenía una fuerte enemistad con Paulino Domínguez –quien llegó al cargo mediante una alianza PAN-PRD–, quien no estaba conforme con el seguimiento periodístico que le hacía Jorge Ruiz.

En el contexto de esas diferencias, el 24 de octubre de 2018, desconocidos golpearon a Ruiz Vázquez, cuando se encontraba afuera de su casa. El 27 de noviembre de ese mismo año, un grupo de sujetos llegó a la vivienda del comunicador y disparó contra el inmueble con armas de alto calibre.

A raíz de esa agresión, Jorge Ruiz acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que Involucren Periodistas y Comunicadores de la fiscalía estatal, y presentó una denuncia contra Domínguez Sánchez, a quien acusó de amenazarlo y ser el responsable de las agresiones antes citadas.

Por esa querella, la fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero debido a que la indagatoria no avanzaba, en febrero de 2019 el reportero acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),y en mayo de 2019, ésta remitió un oficio en el que solicitó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) dar la asesoría jurídica.

Así, el comunicador logró impulsar el avance de la investigación y un acuerdo para realizar una ampliación de sus declaraciones ante la fiscalía, por lo que en abril pasado, la dependencia determinó que la situación de Ruiz Vázquez era delicada y ordenó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo protegiera y también a su familia.

Tenía protección de la SSP

Cuando fue ejecutado Ruiz Vázquez no contaba con el resguardo de elementos de seguridad, por lo que la fiscalía informó que abrió una investigación para esclarecer el homicidio y conocer por qué no se daba cumplimiento a las medidas de protección dictadas en favor de la víctima y su familia.

La SSP respondió que mantenía activas las medidas de protección en favor del periodista, pero éstas consistían en rondines y visitas ocasionales.

Puntualizó que en el tiempo en que se aplicó el protocolo de protección no detectaron irregularidades, sólo que en la última visita (24 de julio) en encuentros con los escoltas del alcalde de Actopan, en la calle u otro lugar, éstos le dirigían miradas agresivas o de provocación, pero sin intercambiar palabra alguna.

Ante los señalamientos en su contra, el edil de Actopan, Paulino Domínguez, ofreció una rueda de prensa y se dijo en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades para esclarecer el asesinato.

Nunca en el gobierno que presido se ha coartado la libertad de expresión ni se ha agredido o atentado contra algún comunicador, aseguró. Exigió aclarar el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Lo digo de manera contundente: no estoy involucrado en la carpeta de investigación citada ni en los hechos lamentables que ocurrieron este viernes, sostuvo.

El asesinato de Ruiz Vázquez provocó el enojo y la indignación del gremio periodístico, que en los municipios de Coatzacoalcos, Acayucan y el puerto de Veracruz, salió a las calles a protestar.

Si bien es es el primer homicidio de un periodista en el gobierno en turno (a cargo de Cuitláhuac García, de Morena), no podemos permitir que sigan, consideró Fluvio Martínez, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato y solicitó a las autoridades veracruzanas implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de los familiares y compañeros de trabajo de la víctima.

(Con información de Fernando Camacho y La Jornada Veracruz)