La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera (Morena), aceptó que la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas contiene las siguientes observaciones generadas desde los organismos encargados de defender esos derechos:

No fue validada entre los actores que han dado seguimiento al funcionamiento y desempeño del me-canismo; no da respuesta a las necesidades institucionales que tiene el actual mecanismo; es inviable jurídicamente, carece de apego constitucional en varias de las disposiciones que establece la iniciativa; es financieramente insostenible; no toma en consideración los diagnósticos institucionales; no se consideran las acciones positivas que ya se realizan desde el mecanismo, y no se incorporan propuestas que atiendan los problemas de estructura.

Al celebrarse la denominada mesa técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la citada ley, la representante morenista refirió la presentación –en San Lázaro– de un proyecto de ley en el mes de abril, obviamente hay incertidumbre en relación con la presentación de esta iniciativa, hubo mesas de trabajo, se estuvieron trabajando varios aspectos para presentar la iniciativa. Sabemos que hay divergencias en este sentido y por ello es importante generar este espacio, para ir haciendo un documento en el que haya un consenso general de todas las partes involucradas en el proceso.

Así, señaló, la ley necesita mejoras y adecuaciones, pero no ser reinventada; requiere datos e información real, no se puede recurrir a ocurrencias; la sociedad identifica que el mecanismo tiene problemas prácticos y operativos; se requiere mejorar la articulación con otras instancias gubernamentales, y es necesario garantizar suficiencia presupuestaria para su operación.