Nueva York. El régimen de Donald Trump ha programado el inicio de una serie de redadas masivas de miles de familias de indocumentados en una decena de ciudades para este próximo domingo, generando –como parece ser el propósito– temor y pánico en comunidades inmigrantes a lo largo del país.

Al mismo tiempo, continúa el torrente de denuncias por las condiciones infrahumanas en los centros de detención de migrantes, donde han muerto por lo menos seis menores de edad desde diciembre, así como por la crueldad de las políticas de separación de familias de las autoridades, algo que, de llevarse a cabo las anunciadas redadas, empeorará, alertan defensores de derechos civiles y humanos.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna informaron a algunos medios nacionales, de manera anónima, que las redadas están programadas para iniciarse el próximo domingo y continuarán por varios días en por lo menos 10 ciudades importantes con el propósito de capturar a por lo menos 2 mil migrantes que han recibido órdenes de deportación. A la vez, advirtieron que en este operativo, realizado por la agencia de migración conocida como ICE, podrían realizarse arrestos colaterales de otros indocumentados que son interceptados durante las operaciones.

Al parecer, aún no se han finalizado los detalles de la operación y han brotado algunas tensiones entre las filas de las agencias encargadas del control de migración. Algunos oficiales han expresado preocupación y renuencia por la posible detención y separación de familias, incluyendo niños y hasta bebés, reportó The New York Times.

La operación fue programada primero para el mes pasado, y fue anunciada de manera sorpresiva, incluso para oficiales de migración, por el presidente Trump en Twitter. Pero poco antes de realizarse, el presidente anunció que se postergaría mientras se negociaba con el Congreso el financiamiento de un paquete de programas de seguridad fronteriza.

El viernes pasado, Trump indicó que las redadas se llevarían a cabo próximamente, y el domingo el jefe en funciones de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, señaló a CBS News que las autoridades se preparaban para encontrar, detener y después deportar a (algunos) de los aproximadamente un millón de migrantes que tienen órdenes finales de remoción.

Desde entonces, organizaciones de defensa de indocumentados y de derechos civiles intensificaron las actividades de educación sobre sus derechos a comunidades amenazadas, incluyendo el de no permitir el ingreso de agentes migratorios a sus casas sin orden judicial.

Ayer, la Unión Americana de Libertades Civiles y organizaciones aliadas presentaron una demanda legal preventiva para intentar frenar el operativo, con el argumento de que a las familias bajo sospecha se les debería permitir acudir a tribunales para abordar sus procesos, que en muchos casos están llenos de errores administrativos. Otras organizaciones consideran acciones legales para frenar o por lo menos demorar las deportaciones.

Un día despues de que se dieron a conocer testimonios de las víctimas de las políticas migratorias de Trump y defensores de derechos humanos, el miércoles en la cámara baja, líderes demócratas del Senado presentaron ayer un proyecto legislativo llamado Ley para Frenar la Crueldad a Niños Migrantes, que busca definir normas para dar atención a menores de edad y las familias en los centros de detención.

La figura que más conmovió a los legisladores el miércoles fue Yazmín Juárez, solicitante de asilo de Guatemala, quien contó a un comité cómo llegó a este país con su hija Mariee por temor a nuestras vidas, pero acabó viendo cómo murió lenta y dolorosamente mi bebé antes de su segundo cumpleaños, a raíz de que la menor se enfermó por permanecer tres semanas en detención. Declaró que se presentó ante la audiencia para evitar que esto le suceda a otros como ella, afirmando que la muerte de su hija es como si me arrancaran una parte de mi corazón, como que me arrancaron el alma.

En la misma audiencia, Michael Breen, de Human Rights First, relató cómo una madre refugiada informó que después de tres días de detención en Estados Unidos su hijo de cinco años de edad estaba demasiado débil para ponerse en pie y que rogó a los oficiales que le ayudaran. Mi hijo se está muriendo, imploró, y un oficial le respondió: Bueno, ¿ya se murió? Entonces cállese la boca y deje de llorar.

Por otro lado, legisladores demócratas del Comité Judicial de la cámara baja aprobaron ayer emitir citatorios a altos funcionarios involucrados en la aplicación de las políticas de separación y detención de familias para que expliquen lo que hicieron, así como investigar posibles ofrecimientos de perdón presidencial a aquellos funcionarios que siguieron las órdenes del mandatario a pesar de que implicaban violaciones a la ley.

Ante la creciente ola de críticas por las condiciones infrahumanas que padecen las familias en esas instalaciones, Trump escribió en Twitter la semana pasada: Si migrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos rápidamente o modificados, simplemente díganles que no vengan. ¡Todo resuelto!

ICE acaba de abrir tres nuevos centros y continúa buscando nuevas instalaciones para ampliar su capacidad de detención, a fin de continuar generando negocios para los operadores privados de muchos de estos establecimientos, reportaron la revista Mother Jones y otros medios.

Múltiples investigaciones periodísticas y visitas de legisladores y defensores de derechos humanos a centros de detención de migrantes en Estados Unidos durante las semanas recientes han detonado denuncias dentro y fuera de este país –incluso de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos– por el maltrato y hasta violación de derechos humanos de familias, sobre todo de menores de edad, algunos han condenado la existencia de lo que llaman campos de concentración en Estados Unidos.

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