Más de 6 mil agentes de la Policía Federal (PF) han acudido a las mesas de información y recepción de solicitudes de las autoridades nacionales para ingresar a otras instituciones por no estar de acuerdo en sumarse a la Guardia Nacional.

Los efectivos han gestionado de manera preferente su traslado a la División de Seguridad Regional y al Servicio de Protección Federal.

En contraparte, los agentes que rechazaron los acuerdos alcanzados el lunes pasado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se manifestaron ayer ante la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Unos 70 agentes disidentes, representados por el abogado Enrique Carpizo –sobrino del destacado constitucionalista y ex rector de la UNAM Jorge Carpizo, ya fallecido–, acudieron a la CNDH para solicitar audiencia con el ombudsman Luis Raúl González Pérez. Una comisión integrada por dos inconformes y su abogado fueron recibidos por los visitadores generales primero y segundo, Ismel Eslava y Enrique Guadarrama, respectivamente. Tras la reunión, de casi tres horas, los federales dieron una breve conferencia.

El agente que se identificó como Adrián aseveró: “Se plantearon todos los aspectos que se debieron haber planteado hace nueve días, cuando se inició el movimiento (…) Todo se ha presentado con pruebas, todo se ha demostrado. Confiamos bastante en la CNDH, que ya está tomando cartas en el asunto, y (le pedimos) que por favor siga todo por la vía de la legalidad”.

Durante la manifestación, los federales denunciaron que ayer por la madrugada comandos sacaron de manera secreta, en maletas, armamento del centro de mando de la PF en Iztapalapa, donde ellos conservan el control de algunas puertas principales. Se deslindaron de estas acciones.

Los reporteros preguntaron con insistencia a Carpizo si en la reunión los policías federales presentaron una queja por violaciones a derechos humanos, pero el abogado no respondió.

La SSPC informó anoche que derivado de este conflicto garantiza las condiciones laborales de 148 agentes federales que sufrieron alguna lesión que no les permita reincorporarse a sus actividades en el campo operativo. El objetivo es valorar su experiencia y talento con la consideración de que son integrantes que arriesgaron su vida por la ciudadanía en el cumplimiento de sus funciones.

En tanto, la SSPC confirmó que la transferencia de la PF a la Guardia Nacional no contempla ofrecer en adopción ni sacrificar a ningún ejemplar de la Unidad Canina, adscrita a la División de Fuerzas Federales, que cuenta más de 250 elementos entrenados con estándares internacionales para la detección de narcóticos, papel moneda, armas de fuego, explosivos, búsqueda y rescate, así como de restos humanos.