Diputados federales de PAN, Morena, PRI y PRD presentaron en la Secretaría de la Función Pública una solicitud para que se indaguen los señalamientos del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, respecto de que existen funcionarios con conflicto de intereses en el gobierno federal.

En la carta que Urzúa presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador para renunciar al cargo, indicaron, se advierte que servidores públicos influyeron indebidamente en nombramientos en Hacienda.

Indicaron que, en la conferencia matutina del miércoles, el Presidente reconoció que el presunto conflicto de intereses e imposición de funcionarios al que se refirió Urzúa es al del titular de Nacional Financiera, Eugenio Nájera, propuesto por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

En la denuncia, suscrita incluso por el parlamentario presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), los legisladores señalaron que de las afirmaciones de Urzúa se desprenden al menos dos hechos que podrían constituir faltas administrativas graves.

Esto es, la influencia indebida para el nombramiento o designación de funcionarios de Hacienda que no cumplen con la capacidad técnica o experiencia para laborar en esa dependencia o de los responsables deinstituciones de la banca de desarrollo. También, “y más grave, es el señalamiento que hizo uno de los más importantes secretarios, de que existen servidores públicos que influyeron en el nombramiento de diversos servidores, en ‘patente’ conflicto de intereses”.

La denuncia refiere que el nuevo contexto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, derivada de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, prevé que entre las conductas a desterrarse del quehacer público está el conflicto de intereses. Por ello fue que el legislador estableció como conducta grave el asunto, tal y como lo prevé el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expusieron.

La petición expresa es para que se indague a quien resulte responsable de las prácticas denunciadas por Urzúa, así como investigar al propio ex funcionario, por hechos que podrían constituir faltas administrativas graves. La denuncia fue promovida por el diputado Elías Lixa (PAN) y apoyada por la senadora panista Alejandra Noemí Reynoso, las diputadas de ese partido Verónica Sobrado y Lizbeth Mata; la vicepresidenta de la Cámara, Dulce María Sauri (PRI), y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez.