Oaxaca, Oax., Dieciséis personas, seis de ellas originarias de Veracruz, están retenidas desde el domingo pasado por autoridades agrarias y municipales de San Dionisio Ocotepec, en la región de Valles Centrales, denunciaron familiares de los afectados.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, 15 hombres y una mujer se encontraban en el predio –el cual había sido rentado al empresario mezcalero y ecoturístico Edy Monterroza Méndez, quien ordenó construir un área ecoturística e instalar unas antenas de radiocomunicación– cuando pobladores de Ocotepec los interceptaron.

Comuneros de San Dionisio explicaron que el terreno donde fueron colocadas las antenas fue rentado al empresario; sin embargo, no se renovó el contrato de 2018 y se le notificó que tenía hasta el 7 de julio para que sacara sus pertenencias y demoliera las instalaciones, lo cual no ocurrió.

Precisaron que la asamblea municipal decidió demoler los inmuebles el fin de semana, pero 16 personas se encontraban en el predio, donde encontraron armas largas, pistolas, cartuchos y equipos de comunicación. Los lugareños retuvieron a los intrusos y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Una de las personas retenidas, originaria de Tenosique, Tabasco, refirió que fue contratada para resguardar y dar mantenimiento a las instalaciones. Señaló que una de las armas le fue entregada por Edy Monterroza, a quien le pidió se presente para resolver el conflicto, pues no les informó sobre la situación jurídica del predio.

Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca emitió una alerta y solicitó a las autoridades que intervengan de inmediato para liberar a las 16 personas y garantizar su integridad. También solicitó a la asamblea comunitaria de San Dionisio Ocotepec solucionar el conflicto mediante el diálogo.

Detalló que la alerta fue dirigida a la Secretaría General de Gobierno del estado para que coordine mesas de trabajo; a la Fiscalía General del Estado para que garantice la liberación de los retenidos y preserve sus derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica y al debido proceso judicial, y que en caso de que se haya cometido algún delito dé inicio a la investigación correspondiente.