Más de 500 organizaciones civiles expresaron su preocupación por el impacto negativo que para los derechos de los niños, madres y padres usuarios del Programa de Estancias Infantiles representa el rechazo del gobierno federal a la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Llamaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar su decisión, atender los señalamientos del organismo y crear, de forma participativa, una política y un sistema integral de cuidados y educación inicial que priorice a los niños que viven en máximas condiciones de exclusión; también, que avance progresivamente hacia la universalidad, con el fin de promover de forma equitativa el desarrollo integral desde la primera infancia.

Save the Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Oxfam y Rehilete, entre muchas otras, señalaron que rechazar el documento de la CNDH es un retroceso en el avance de los derechos de la niñez y afecta el ejercicio efectivo de las garantías de las mujeres y su desarrollo pleno.

Además, señalaron, significa denostar el trabajo de un organismo autónomo como la CNDH, cuya labor es atender las quejas ciudadanas en contra de actos u omisiones violatorias de derechos humanos, y formular recomendaciones para que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar o resarcir los daños.

Existe múltiple evidencia sobre los impactos positivos que pueden tener los servicios de cuidado infantil y educación inicial de calidad en el bienestar y desarrollo integral de los niños durante la primera infancia, así como de los impactos que los sistemas de cuidados de calidad tienen para el desarrollo efectivo de las mujeres con miras a garantizar la equidad sustantiva.

Asimismo, indicaron que el artículo 3 constitucional, en su reciente reforma, reconoce que la educación inicial es un derecho de todos los menores; en tanto, el artículo 4 establece que el Estado mexicano deberá velar por el interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, así como otorgar facilidades para que los particulares contribuyan en el cumplimiento de los derechos de ese sector.