Inmovilidad e incertidumbre sobre el futuro de los programas prioritarios de la Secretaría de Salud (Ssa). Eso es lo que perciben organizaciones civiles porque el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysr) no ha hecho nada para evitar el desabasto de insumos en hospitales de zonas rurales donde llegan mujeres embarazadas.

De ese órgano dependen las actividades para prevenir la mortalidad materna y el Programa de Refugios para Víctimas de Violencia. Ambos están en una situación crítica por la falta de recursos económicos, mientras la titular del citado centro, Karla Berdichevsky –designada el 15 de mayo– está de vacaciones.

Activistas entrevistados por La Jornada, comentaron que como parte del programa para prevenir la muerte materna, el Cnegysr es responsable de la transferencia de recursos a los estados para la adquisición de medicamentos y materiales clínicos con los cuales se atienden las emergencias obstétricas.

Señalaron que siempre hay momentos de desabasto, pero ahora las carencias son constantes sobre todo en Chiapas y Veracruz.

En Chiapas pagan partos

Mencionaron el caso específico del hospital general de Palenque, donde pagan mil 500 pesos por un parto natural y 3 mil 500 por cesárea. Los activistas reconocieron que el cambio de gobierno generó retrasos, entre otras razones, por la reorganización de la Ssa, la reforma a su Reglamento Interior y por la decisión de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se haga cargo de todas las compras, pero tampoco hemos visto la gestión del Cnegysr para agilizar la respuesta.

Respecto de los refugios para la protección de mujeres y niños víctimas de violencia familiar, los entrevistados recordaron que en los primeros meses del año se anunció la cancelación de los apoyos económicos para las organizaciones civiles que tienen casas de seguridad.

Después el gobierno rectificó y como cada año, se emitió la convocatoria para que las organizaciones participaran. El proceso concluyó con la asignación de 41 millones de pesos para 45 refugios en una primera etapa. Se supone, dijeron, que habrá una segunda convocatoria, pues el presupuesto autorizado por los diputados para este año, es de 375 millones de pesos y en el entendido de que cada casa requiere de 8 a 10 millones de pesos anuales.

Además de los retrasos en la convocatoria, los entrevistados afirmaron que la mayoría de los refugios no han dejado de trabajar, pero su situación ya es crítica pues el dinero no ha sido liberado.