Río de Janeiro. La verdad es que no fue exactamente una sorpresa: por tres votos a dos, la segunda sala del Tribunal Supremo de Justicia decidió ayer mantener a Luiz Inácio Lula da Silva preso y postergó –sin fecha prevista– el análisis de otro pedido de la defensa del ex presidente para que se considere al ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, sospechoso de haber actuado con parcialidad en el juicio contra el ex mandatario.

A estas alturas sobran evidencias concretas y contundentes indicando que, mucho más que haber actuado con parcialidad, Moro fue el verdadero coordinador de la fiscalía, movió tierra y cielo con tal de alcanzar el verdadero objetivo de su misión: eliminar a Lula de la disputa electoral, manipular (en este caso, con plena complicidad de los medios hegemónicos de comunicación) la opinión pública, buscar (y lograr) la omisión igualmente cómplice de la instancias superiores de justicia y finalmente abrir las avenidas para la elección de un ultraderechista para presidir el país.

Electo, Jair Bolsonaro invitó al juez –símbolo del combate a la corrupción– para ocupar el puesto de superministro de Justicia y Seguridad Pública.

Tampoco son novedad, desde antes de las revelaciones de Glenn Greenwald y su equipo, las sospechas (ahora evidenciadas) de que efectivamente hubo una maniobra, que empezó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la instalación de su vice, Michel Temer, en el gobierno, y cuyo objetivo era alejar a Lula de la vida pública.

¿Por qué las instancias superiores de justicia no investigaron las sospechas de maniobras de Moro y de los jueces de la primera cámara de apelaciones que actuaron con más armonía que muchas buenas sinfónicas del mundo, aparentando un arreglo previamente pactado?

En parte por omisión y en buena parte por miedo. Un temor que incluía confrontar a la opinión pública claramente manipulada y provocar otra fiera más feroz: los militares.

La principal razón de que el fallo no fue sorpresivo está basada en las presiones contra los magistrados, en las semanas recientes. En especial, la advertencia del contundente rechazo de los militares a la hipótesis de que se hiciera algún cambio en la situación de Lula. Para muchos analistas, la fiera uniformada que parecía domada mostró que sigue feroz.

Entre los militares que integran el gobierno, dos dejaron claro que cualquier vuelco en la actual situación es inadmisible.

Uno es el general Eduardo Villas Boas, que hasta el pasado 15 de enero era el comandante en jefe del Ejército y ahora ocupa el puesto de asesor especial del gabinete de Seguridad Institucional.

Villas Boas tiene antecedentes: en abril del año pasado, cuando la misma corte suprema se preparaba para analizar un pedido de habeas corpus pedido por Lula, difundió un mensaje en Twitter –no por casualidad justo a la hora de cierre del noticiero con mayor audiencia de la televisión brasileña– diciendo que los militares repudiaban cualquier intento de impunidad y frente a cualquier acto que pudiese perturbar la paz social. El pedido de Lula fue rechazado.

Recientemente, Villas Boas divulgó su pleno e irrestricto apoyo a Sergio Moro, dejando claro que, pese a las indiscutibles evidencias, las acusaciones contra el ex magistrado no sirven para anular el juicio y, en consecuencia, liberar a Lula.

Ya el general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional y considerado el más poderoso entre los uniformados que rodean al ultraderechista, optó por ser más enfático y claro.

En un desayuno con periodistas, y al lado de Bolsonaro, golpeó furioso la mesa, haciendo temblar vasos y cucharas, para afirmar a gritos que sentía vergüenza por su país por haber tenido como presidente a un autor de canalladas llamado Lula da Silva, para quien exigió una pena de prisión perpetua.

Por eso lo de ayer no fue ninguna sorpresa.