La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría capitalinas iniciaron investigaciones contra Héctor Carreón Garcés, líder de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que agrupa a los empleados del sector salud, por venta de plazas y presunta relación en irregularidades en la distribución de medicamentos en hospitales, informó la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum.

Ante las manifestaciones realizadas por sindicalizados en distintos nosocomios con el argumento de que hay desabasto de medicinas e insumos, admitió que se han tenido algunos problemas, pero se están resolviendo, y enfatizó que las protestas ocurren luego de las acciones que ha tomado la Secretaría de Salud local para que el sindicato deje de controlar la operación de los hospitales de la ciudad.

No quiero decir que el abasto está al cien por ciento, ni mucho menos, pero se está trabajando en ello, y hemos quitado muchos negocios y prebendas que tenía el sindicato, expresó en conferencia de prensa.

Explicó que se detectaron irregularidades como la contratación de una empresa para la distribución de medicamentos con un costo de 500 millones de pesos al año, por lo que su gobierno determinó crear un programa para que sea la Secretaría de Salud la que se encargue de esa logística, aunado a que se está terminado con prácticas en las que el sindicato era el que determinaba los horarios de trabajo de médicos y enfermeras.

De hecho, trabajadores del mismo sindicato señalaron que las manifestaciones que se han realizado en los días recientes en distintos hospitales obedecen en realidad a que se eliminaron al menos 200 comisiones sindicales con las que Carreón Garcés hacía negocio.

Ante esta situación, se iniciaron investigaciones penales y administrativas contra el líder sindical por el tema de los medicamentos y la venta de plazas, ya que, incluso, se han recibido denuncias de personas que compraron un puesto de trabajo y no se les cumplió.

En otro tema, la jefa de Gobierno señaló que se analiza la operación de lo que fueron las clínicas de salud en el Metro, abiertas en la pasada administración, las cuales, dijo, estaban subrogadas con recursos del Seguro Popular, por lo que se determinó suspender dicho esquema, y la empresa que las manejaba las convirtió en clínicas privadas sin tener permiso para ello, por lo que se va a proceder en su contra.